La Contraloría General de la República de Colombia concluyó que el contrato del Gobierno nacional para adquirir 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab, por un monto máximo de $ 16.5 billones, representó la opción más favorable para el país y no presentó irregularidades.
El organismo respaldó la transparencia del proceso, mientras que el presidente Gustavo Petro señaló, mediante la red social X, antes Twitter, que los cuestionamientos en torno a la gestión del Ejecutivo surgieron principalmente desde la prensa.
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“Si Gripen fue la oferta más favorable para el país y la contraloría no encontró irregularidades, ¿qué hacemos con la prensa que se dedicó a sembrar dudas sobre mí y mi familia y el gobierno?¿Cuánta calumnia no irradiaron sobre el presidente y su familia?“, cuestionó Petro tras las declaraciones de la Contraloría.
Según la Contraloría General, la verificación incluyó el análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), abarcando la evaluación de nueve variables y 157 subvariables, entre las que figuran transferencia tecnológica, sensores, armamento, costos y soporte logístico.
El examen se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad nacional y en condiciones de reserva legal.
El acceso a los documentos se llevó a cabo en las instalaciones de la FAC en Bogotá, donde se revisó la trazabilidad de toda la documentación clasificada involucrada en la adquisición.
El contrato, cubierto por una cláusula de confidencialidad, impide revelar detalles técnicos o financieros respecto a los aviones Gripen y los términos del acuerdo. La reserva legal resguarda la seguridad nacional, aunque la normativa permite que organismos judiciales, legislativos o administrativos puedan acceder a la información cuando sea necesario, bajo la obligación de mantener la confidencialidad.
En el proceso participaron empresas de Estados Unidos, Francia, España y Suecia, pero solo Saab y Dassault presentaron propuestas con información suficiente para un análisis comparativo.
La oferta de Saab fue la más económica, con un valor de €3.135.511.371, cubierto por vigencias presupuestales de hasta $16.5 billones bajo condición de precio fijo, e incluyó entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico.
La FAC consideró que la propuesta seleccionada respondía a las necesidades del país en materia de defensa y cumplía con el reemplazo de las anteriores aeronaves Kfir, según detalló la Contraloría.
Como respuesta al informe oficial, el presidente Gustavo Petro enfatizó la ausencia de hallazgos negativos y criticó a sectores periodísticos por haber sembrado dudas sobre el proceso y la transparencia institucional.
La investigación y la reacción presidencial reabrieron la discusión pública sobre la influencia de los medios en casos de compra militar Colombia, especialmente cuando interviene el resguardo de la reserva legal.
El Gobierno sostiene que la operación fue plenamente legal, mientras la mirada pública se desplaza hacia quienes, desde la opinión o la cobertura informativa, contribuyeron a cuestionar el proceso en ausencia de pruebas oficiales.
La polémica por la adquisición de aviones Gripen durante el gobierno de Gustavo Petro en Colombia comenzó tras la firma del contrato con la empresa sueca Saab, el 14 de noviembre de 2025.
La controversia estalló principalmente por varios motivos:
- Se denunciaron posibles sobrecostos, ya que el precio por avión habría superado los valores internacionales de referencia para este modelo. El exsenador David Luna, por ejemplo, solicitó detalles del contrato e hicieron preguntas sobre la transparencia de la operación.
- Surgieron sospechas sobre la supuesta injerencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en las negociaciones, lo que alimentó acusaciones de conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.
- Se presentaron dudas sobre la pertinencia técnica de la elección del Gripen frente a otras alternativas, ya que se consideró que este modelo nunca ha sido probado en combate real y sería menos potente que otras opciones evaluadas.
- El presidente Petro respondió a las críticas negando la existencia de sobrecostos y defendiendo que la negociación incluyó transferencia tecnológica, repuestos, mantenimiento y beneficios industriales para Colombia. Además, ordenó publicar los detalles del contrato para aclarar las dudas sobre transparencia y combatir la desinformación.
- La Contraloría General solicitó explicaciones al Ministerio de Defensa por el impacto fiscal de la compra y la documentación de las alternativas evaluadas.
La polémica se intensificó en el contexto preelectoral y por la situación de déficit fiscal del país, sumado a la exposición mediática de la vida de la primera dama en Suecia. El proceso de adquisición, aunque se concretó en el gobierno Petro, venía gestándose desde administraciones anteriores, pero fue bajo este gobierno cuando se firmó el acuerdo final.
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