Las tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador empiezan a mostrar un impacto que va más allá del debate diplomático. Esto se está sintiendo en distintos sectores de la economía, que han alzado la voz en contra de las medidas tomadas entre ambas partes.
De acuerdo con Fedetranscarga, el gremio que representa a los transportadores de carga en Colombia, la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos y el incremento de hasta 300% en tarifas asociadas al transporte de crudo a través del oleoducto ecuatoriano amenazan con golpear directamente al corazón del comercio bilateral: el transporte terrestre, que mueve cerca del 75% de las mercancías entre ambos países.
Arnulfo Cuervo, presidente del gremio, aseguró en entrevista con Infobae Colombia que este tipo de decisiones, presentadas como temporales y justificadas en razones de seguridad, terminarían encareciendo los productos, reduciendo el volumen de carga movilizada y afectando la competitividad de Colombia frente a otros proveedores del mercado ecuatoriano.
Un comercio de USD 2.500 millones en riesgo
Colombia y Ecuador mantienen un intercambio comercial cercano a los USD 2.500 millones anuales, con una balanza favorable para Colombia de casi USD 1.000 millones. Medicamentos, azúcar y confites, café, textiles y vehículos hacen parte de los principales productos que cruzan la frontera por vía terrestre.
Según Cuervo, el problema no radica en un aumento directo de los costos logísticos del transporte, sino en el efecto que el arancel tendría sobre el precio final de los productos una vez nacionalizados en Ecuador. “Al incrementarse el valor de importación, los compradores ecuatorianos tendrán menos acceso y consumirán menos productos colombianos”, explicó.
La consecuencia inmediata sería una reducción en el número de viajes, menor ocupación de los camiones y una subutilización de la flota de carga colombiana. Para un sector que depende del volumen y la continuidad del comercio exterior, esto se traduce en menores ingresos y riesgos sobre el empleo.
Impacto directo en empleo y operación del transporte
Fedetranscarga advierte que la disminución del flujo comercial afectaría no solo a los transportadores colombianos, sino también a los ecuatorianos. En la frontera, gran parte de la operación depende del desenganche de cabezotes y del trasbordo de mercancías, un sistema que genera trabajo a ambos lados.
“Si se reduce el comercio, se reduce el trabajo para todos: transportadores, exportadores, importadores y consumidores”, señaló Cuervo. A esto se suma una restricción estructural: los camiones colombianos no pueden operar dentro del territorio ecuatoriano, lo que encarece aún más cualquier alternativa logística en un escenario de mayores tarifas.
El gremio también alertó que el encarecimiento artificial de los productos podría incentivar el contrabando, al desplazar parte del intercambio formal hacia canales ilegales. “Las empresas que cumplen la normatividad no van a participar en esas prácticas, pero el riesgo existe y se incrementa con este tipo de medidas”, afirmó el dirigente.
Medidas sin sustento técnico y llamado a la diplomacia
Uno de los puntos más críticos señalados por Fedetranscarga es el aumento del 300% en la tarifa para transportar crudo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano, una decisión que, según Cuervo, hace inviable esta opción por costos excesivos. “El transporte por oleoducto es mucho más barato que por carretera. Si así ya es inviable, trasladarlo a camiones no tendría sentido económico”, explicó.
Para el gremio, tanto el arancel del 30% como el incremento tarifario carecen de sustento técnico y responden más a presiones políticas que a un análisis económico o logístico. Además, recuerdan que estas decisiones van en contravía de los principios de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que promueve un intercambio comercial fluido y sin aranceles entre los países miembros.
Cuervo reconoció que existen problemas reales de inseguridad en la frontera y en las vías que conectan con Ecuador, donde en el último año se registraron decenas de bloqueos, robos y ataques a la infraestructura. Sin embargo, insistió en que la solución debe pasar por la cooperación y el diálogo diplomático, no por medidas que terminen afectando a los ciudadanos y a sectores productivos clave.
“El llamado es a desescalar. No se trata de quién presiona más, sino de proteger el comercio, el empleo y a los consumidores de ambos países”, concluyó.
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