La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la corrupción detectada en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) no fue un hecho aislado ni producto de decisiones individuales, sino el resultado de una maniobra estructurada que involucró a funcionarios de alto nivel y tuvo impacto directo en la gestión regional de Medellín y otros nueve municipios del área metropolitana.
Durante la audiencia de imputación, el ente acusador afirmó que Juan David Palacio Cardona, exdirector del Amva, recibía instrucciones de un “tercero” para el nombramiento de subdirectores ambientales y para la ejecución de decisiones clave dentro de la entidad.
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Aunque ese tercero no fue identificado formalmente en la diligencia judicial, la Fiscalía dejó abierta una de las preguntas más sensibles del caso: ¿quién ejercía realmente el poder detrás de las decisiones del Amva?
“Sin la anuencia del director, nada hubiera sido posible”
La audiencia virtual se llevó a cabo en el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
Allí, la Fiscalía imputó cargos por peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado contra Palacio Cardona, así como contra Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales del Amva, y Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, de acuerdo con información de Caracol Radio y El Colombiano.
El fiscal anticorrupción fue enfático al señalar que el rol del exdirector fue determinante para sostener el esquema investigado.
“Sin la anuencia del director, la política de contratación no hubiera podido sostenerse”, afirmó el funcionario judicial, al explicar que las decisiones administrativas y contractuales dependían directamente de la dirección general del Amva.
Contratos por pandemia y un presunto desfalco millonario
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2021 se celebraron seis contratos bajo la modalidad de apoyo a la gestión, los cuales sumaron más de $18.000 millones. Estos contratos tenían como objeto capacitaciones, fortalecimiento de agrupaciones de socorristas y la adquisición de kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19.
Sin embargo, el ente acusador señaló que los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin estudios de mercado ni verificación de precios, lo que habría permitido sobrecostos y el cobro de insumos que nunca fueron entregados. El perjuicio estimado al erario público ascendería a $2.481 millones.
El borrado de información para “eliminar la trazabilidad”
Uno de los elementos más graves expuestos en la imputación fue la presunta eliminación de información institucional al finalizar el periodo de Palacio Cardona como director del Amva. De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario ordenó el formateo y borrado de datos en los equipos de la secretaría y de otras áreas estratégicas.
El objetivo, según el fiscal, era claro: “eliminar la trazabilidad del actuar ilegal” y dificultar la reconstrucción de las decisiones administrativas y contractuales hoy bajo investigación.
La Fiscalía también reveló que parte de los recursos presuntamente desviados habría terminado financiando la campaña política de Misael Cadavid Jaramillo a la Cámara de Representantes en el periodo 2021-2022. Cadavid, quien se desempeñaba como gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, ya fue capturado dentro de este proceso.
Este señalamiento amplía el alcance del caso, al vincular los presuntos hechos de corrupción con intereses electorales y políticos.
El “tercero” que ordenaba y las sombras del poder
Aunque la Fiscalía no identificó oficialmente al tercero que impartía instrucciones a Palacio Cardona, durante la audiencia se recordó que documentos y declaraciones previas han señalado a Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como una figura con influencia en decisiones estratégicas del Amva, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Este señalamiento, aunque aún no formalizado judicialmente, refuerza la hipótesis de que el Amva habría sido utilizado como pieza dentro de una estructura de poder político-administrativo más amplia.
La Fiscalía sustentó la gravedad del caso bajo la Ley 1908 de 2018, que regula los delitos cometidos por estructuras criminales organizadas.
“Se acredita la existencia de un grupo estructurado conformado por más de tres personas”, sostuvo el fiscal, al señalar que actualmente hay siete personas formalmente vinculadas a la investigación.
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