Los enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc vinculadas al grupo de alias Calarcá han generado una situación de alarma y confinamiento en amplias zonas rurales de los departamentos del Meta y Guaviare.
La presencia de tropas terrestres y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana ha intensificado los operativos, mientras la población civil vive horas de incertidumbre y temor ante el avance del conflicto.
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Según un comunicado oficial de la Fuerza de Tarea Omega, desde la noche del viernes se reportó la muerte de dos integrantes de las disidencias en la vereda Laureles, municipio de Vistahermosa, Meta, y varios heridos.
Este balance preliminar fue acompañado de testimonios de habitantes que reflejan la preocupación constante por la seguridad de sus familias.
“Nos estamos salvaguardando con los niños. El helicóptero está sobrevolando la zona y hay fuertes balaceras en medio de las casas. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar porque hay familias con muchos menores”, expresó una residente a través de un video difundido en redes sociales por Blu Radio.
A pesar de la intensidad de los combates, hasta el momento no se han reportado civiles heridos en la zona. Sin embargo, la situación evidencia el riesgo al que están expuestas las comunidades, especialmente las más aisladas, que permanecen confinadas en sus hogares durante las operaciones militares.
Los enfrentamientos no se limitan al Meta. En Guaviare, particularmente en la zona rural del municipio de Calamar, líderes comunitarios informaron sobre ráfagas constantes de fusiles y familias atrapadas en sus viviendas por el intercambio de disparos.
En un video difundido en grupos de mensajería, una mujer narró su experiencia: “Somos civiles, estamos en medio de la balacera con el helicóptero encima”, y describió la presencia de menores de edad, gestantes y adultos mayores entre los confinados.
La coyuntura refleja la complejidad geográfica y operativa que enfrentan las autoridades. El Meta y el Guaviare presentan extensas áreas de difícil acceso, lo que obliga al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea a desplegar tropas por vía terrestre y aérea para intentar recuperar el control territorial.
Las operaciones buscan, además, garantizar la seguridad de la población local y disminuir la influencia de los grupos armados ilegales que aún operan en estas zonas.
En el Guaviare, la violencia ha alcanzado un nuevo nivel con enfrentamientos internos entre disidencias armadas. Según fuentes de inteligencia consultadas por Semana, la infiltración de información desde la fuerza pública hacia la organización de alias Calarcá habría facilitado ataques precisos contra la facción de Iván Mordisco.
La masacre de 26 personas en El Retorno evidencia esta escalada, donde la población civil queda atrapada entre la violencia y el abandono.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, de los 26 cuerpos hallados, 21 correspondían a hombres, cinco a mujeres y cuatro a menores de edad.
Las víctimas habrían sido ejecutadas directamente, en muchos casos con tiros de gracia, lo que ha generado un profundo clima de desconfianza hacia las instituciones estatales.
La percepción de desprotección se agrava por limitaciones operativas. Un oficial especializado en aviación explicó que “las Fuerzas de Despliegue Rápido hoy no tienen helicópteros asignados. Las horas de vuelo están restringidas. Antes había financiación internacional, pero eso se acabó”.
Además, la precisión de los ataques a la estructura de Iván Mordisco ha generado sospechas sobre filtraciones internas que facilitarían la operación de Calarcá.
En este contexto, los habitantes viven bajo la supervisión constante de hombres armados, viéndose obligados a guardar silencio como única garantía de sobrevivencia.
La violencia ha afectado también a funcionarios locales y líderes religiosos. En octubre de 2025, la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, fue atacada con explosivos, dejando a una mujer herida y una mascota muerta.
Meses antes, un grupo de evangélicos fue asesinado tras acusaciones de colaborar con el ELN. Los ataques reflejan la complejidad de un territorio donde las normas las imponen grupos armados y donde la intervención estatal llega de manera limitada y tardía.
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