A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional precisó los alcances del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se eliminó la prima especial de servicios que reciben los miembros del Congreso de la República.
Según lo informado, la decisión no tendrá impacto sobre otros servidores públicos y su aplicación se limitará exclusivamente a la remuneración de senadores y representantes a la Cámara, de acuerdo con lo reseñado por Semana.
El documento, emitido por el Ministerio de Hacienda, señala que el Ejecutivo actuó en el marco de sus facultades constitucionales y legales al dejar sin efectos, a partir del 20 de julio de 2026, el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, norma que establecía el reconocimiento de una prima especial para los congresistas. Desde esa fecha, dicho beneficio dejará de ser entregado como parte de la asignación mensual.
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De acuerdo con la explicación oficial, el objetivo central del decreto es reducir la asignación salarial de los miembros del Congreso a partir de la fecha establecida. En ese sentido, el Gobierno indicó que la medida no fue diseñada para modificar las condiciones laborales de otros funcionarios del Estado. En caso de que se identifiquen efectos colaterales sobre otros servidores públicos, el comunicado señala que se adoptarán las acciones necesarias para evitarlos.
El anuncio generó reacciones en distintos sectores políticos y económicos del país, lo que llevó al Ejecutivo a exponer los argumentos considerados para la expedición del decreto. En el texto oficial se detalla que la prima especial eliminada corresponde a un componente específico de la remuneración de los congresistas y que su eliminación no altera otras figuras salariales vigentes en el sector público.
“El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se deroga el Decreto 2170 de 2013, que estableció la prima especial de servicios para los congresistas (senadores y representantes a la Cámara), equivalente a $ 16′914.540 mensuales. Esta prima especial es diferente a la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, que se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual cada año”, señala el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026.
El comunicado también recuerda que la prima especial de servicios derogada es solo uno de los tres componentes que conforman la remuneración mensual de los congresistas. Los otros dos elementos son el salario básico, fijado en $ 12,4 millones, y los gastos de representación, que ascienden a $ 22,1 millones. Con la eliminación de la prima especial, estos dos factores se mantienen sin modificaciones.
Desde el Ministerio de Hacienda se explicó que la reducción salarial se aplicará a los congresistas que sean elegidos para los periodos posteriores al actual, conforme a lo establecido en la Constitución. “Esta medida, tomada en un contexto de reorientación de gastos por la realidad económica del país, implica una reducción en el salario de los senadores de la República y los representantes a la Cámara, que serán elegidos para los periodos siguientes al actual, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política de Colombia”, se lee en el comunicado oficial.
El Gobierno también indicó que la expedición del decreto tuvo en cuenta los principios que rigen el sistema salarial colombiano. En particular, se hizo referencia al respeto por los derechos adquiridos de los servidores públicos y a la prohibición de desmejorar sus condiciones laborales, aspectos que, según el Ejecutivo, fueron considerados durante el proceso de elaboración de la norma.
En ese contexto, el Ministerio de Hacienda reiteró que la eliminación de la prima especial de los congresistas no afecta la prima de servicios que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente y se paga de acuerdo con la normativa laboral actual. Esta precisión fue incluida para diferenciar ambos conceptos y evitar interpretaciones que vinculen la medida con otros beneficios salariales.
“Este decreto fue expedido atendiendo los principios fundantes del sistema salarial colombiano, en particular, el de respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado y el no desmejoramiento de sus salarios y prestaciones sociales”, concluye el comunicado divulgado por el Gobierno y citado por Semana.
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