Fiscalía amplió el plazo de investigación por misteriosa muerte de la cadete Lina Maritza Zapata vinculada con el caso de la Comunidad del Anillo

La Fiscalía General de la Nación debe reabrir la investigación sobre la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata, luego de que el Juzgado 58 Penal del Circuito de Bogotá considerara insuficientes los argumentos para cerrar el caso y priorizara el esclarecimiento de unos hechos con más de 20 años de controversias y posibles irregularidades.

La resolución judicial cobra mayor relevancia en tanto el caso está próximo a prescribir, aspecto señalado por la familia y su abogado, Jesús Vergara, que advierten sobre la persistencia de elementos materiales probatorios suficientes para continuar con la investigación y la posibilidad de que el asunto sea declarado imprescriptible si se trata de un posible crimen de lesa humanidad.

Después de conocer el fallo, el ente acusador anunció que amplió por 6 años y 8 meses el plazo de la investigación por la misteriosa muerte de la cadete Lina Maritza Zapata, ocurrida hace dos décadas en la Escuela de Policía General Santander y que estaría vinculada con el caso de la llamada Comunidad del Anillo.

La decisión se basó en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad de extender procesos cuando hay funcionarios públicos involucrados.

“En ese sentido, es claro que en el sub examine al término prescriptivo de la acción penal respecto de los delitos de homicidio agravado por los que se investiga al doctor HORACIO SERPA URIBE, en curso de este estadio procesal, atendiendo el límite máximo de veinte (20) años atrás referenciado, debe efectuarse el anotado incremento de la tercera parte (1/3), equivalente a seis punto sesenta y seis años (6.66), dada su calidad de servidor público para esas calendas, como Ministro de Interior del gobierno del entonces Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano; por lo que el mismo se establece en veintiséis (26) años y ocho (8) meses”, se lee en el documento.

Las razones detrás de la decisión sobre el caso ligado a la Comunidad del Anillo

En una de sus intervenciones recogidas por Semana antes de la última audiencia, el abogado Vergara expresó la posición de los afectados ante el riesgo de archivo: “Obviamente, las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y, lamentablemente, se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”. La negativa del juez a la solicitud de cierre responde, en parte, a que la Fiscalía no escuchó a todas las víctimas ni valoró de forma exhaustiva las pruebas ofrecidas por familiares y representantes legales.

Según la investigación, citada por el medio, el cuerpo de la teniente Zapata fue hallado en la Escuela de Cadetes General Santander, con lesiones que no coinciden con la hipótesis inicial de suicidio, e incluso se detectó que en la mano de la oficial no había rastros de pólvora. Los primeros informes oficiales aludían a un supuesto suicidio motivado por dificultades personales, tesis rechazada tanto por la familia como por su abogado, quienes destacaron que la oficial esperaba con entusiasmo su graduación y tenía diversos proyectos personales en curso.

El fallo judicial detalla irregularidades que afectan la solidez de la versión oficial: el despacho concluyó que el ente acusador no exploró suficientemente otras hipótesis distintas al suicidio y que su tesis principal carecía de la cohesión probatoria necesaria. El juez descartó que la ruptura sentimental con la expareja de la cadete, identificada como ‘el gordo’, fuera un motivo exclusivo del fallecimiento, ya que el distanciamiento databa de meses antes y no podía considerarse detonante inmediato.

Entre los elementos relevantes que la Fiscalía omitió revisar de manera adecuada destacan el testimonio sobre un posible nuevo vínculo afectivo con otro cadete, Cifuentes, y la existencia de una carta suicida cuya autoría resulta incierta, ya que una testigo afirmó no reconocer la letra ni los contenidos y describió a Zapata como una persona en ascenso institucional y “abierta a nuevas relaciones”.

Las inconsistencias en la investigación se agravan con la denuncia de diversas maniobras institucionales. Según reconstruyó el medio citado, los oficiales de la escuela se dirigieron inicialmente a un perito allegado a la institución, en vez de informar directamente a las autoridades judiciales. Además, detalla Semana se alteró la escena del deceso y se manipularon objetos personales de la teniente. Esto obstaculizó la obtención de pruebas objetivas y derivó en una indagación que nunca avanzó a pesar del tiempo transcurrido.

El proceso ganó notoriedad pública al vincularse con la llamada Comunidad del Anillo, una presunta red de favores sexuales dentro de la Policía Nacional de Colombia. De acuerdo con fuentes citadas por el mismo medio, esta red ofrecía servicios sexuales de cadetes a oficiales y congresistas, mediante catálogos fotográficos y a cambio de dinero y favores. El escándalo resultó en la condena de dos coroneles, aunque la muerte de Zapata continúa sin responsables judiciales.

Los argumentos del Juzgado 58 Penal del Circuito de Bogotá incluyen la necesidad de agotar todas las hipótesis, ejecutar pruebas técnicas sobre las armas y el sable, y reconstruir los hechos con precisión. Para el juez, la indagación debe incorporar los testimonios y pruebas pendientes, centrar atención a la posible alteración de la escena del crimen y reconocer los patrones de encubrimiento que la representación de las víctimas atribuye a la institución.

De este modo, el caso de Lina Maritza Zapata, la única mujer oriunda de Marsella, Risaralda, en ingresar a la Policía, se ha transformado en un emblema de impunidad. Para su familia y para sectores de la opinión pública, la falta de respuestas tras dos décadas mantiene vigente una demanda de justicia y de esclarecimiento de los hechos que pusieron en cuestión las prácticas institucionales de la Policía Nacional.