El Ministerio de Defensa de Colombia ha iniciado una acción de repetición contra el general (r) Juan Miguel Huertas, buscando que él y otros nueve oficiales devuelvan 737 millones de pesos entregados como indemnización estatal a familiares de Norberto de Jesús Isaza Guzmán.
La suma corresponde a un pago realizado tras confirmar que Isaza Guzmán, inicialmente presentado como guerrillero abatido, era en realidad una víctima de ejecución extrajudicial, según conoció Semana.
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La cartera ministerial llevó el caso ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, solicitando que los implicados sean responsables del reembolso con recursos propios.
El informe oficial firmado por Huertas, entonces capitán y comandante del Batallón de Artillería n.º 4 Jorge Eduardo Sánchez, señalaba que la muerte ocurrió durante un enfrentamiento el 6 de junio de 2003, en zona rural de Granada, Antioquia.
El reporte mencionaba la supuesta presencia del frente Noveno de las Farc y describía cómo las tropas abatieron a cuatro supuestos guerrilleros y recuperaron material armamentístico.
No obstante, investigaciones posteriores desestimaron la versión oficial. Ni la ubicación reportada existe en el registro oficial ni se hallaron pruebas de enfrentamiento, de acuerdo con análisis topográficos y técnicos. La evidencia técnica fue clave para establecer que el caso correspondía a un “falso positivo”.
Las actuaciones del general Huertas durante los años más duros del conflicto armado han sido objeto de escrutinio adicional.
Exsubordinados lo acusaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de presionar por resultados en combate y de facilitar armas con el propósito de simular enfrentamientos.
La JEP no encontró elementos suficientes para considerarlo máximo responsable, pero nuevos testimonios originaron una nueva citación para esclarecer su papel en los hechos.
Las indagaciones sobre posibles delitos no se limitan a la manipulación de bajas.
En noviembre de 2025, surgieron reportes que vinculaban a Huertas y a Wilmar Mejía, integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, con presuntos vínculos con disidencias de las Farc lideradas por Alexánder Díaz, alias Calarcá.
Según la información extraída de dispositivos incautados, ambos habrían facilitado datos militares confidenciales y colaborado en la creación de una empresa de seguridad destinada a dar cobertura legal a sus actividades.
Frente a estos señalamientos, Huertas negó cualquier tipo de relación con estos grupos y calificó las acusaciones como intentos de perjudicar su carrera.
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría resolvió suspender de manera temporal tanto a Huertas como a Mejía por tres meses, con el objetivo de evitar interferencias en las investigaciones en curso, según El País.
A nivel institucional, el caso escaló hacia el plano político. Durante el gobierno de Iván Duque, Huertas fue retirado del Ejército tras informes de inteligencia que advertían de nexos con organizaciones ilegales.
En 2025, bajo el mandato de Gustavo Petro, fue reincorporado y recibió un cargo estratégico, lo que generó críticas sobre la idoneidad de la decisión y movilizó debates sobre la gestión de perfiles señalados en cargos clave.
Pese al proceso judicial y mediático, Huertas mantiene una postura firme de defensa y sostiene que los cuestionamientos en su contra buscan impactar negativamente su trayectoria profesional ante la opinión pública y las autoridades.
La retirada del cargo de general Juan Miguel Huertas por decreto presidencial
El general Juan Miguel Huertas Herrera fue desplazado a un cargo administrativo dentro del Ejército Nacional de Colombia, según dispuso un decreto presidencial aún pendiente de firma.
Con este traslado al Comando del Ejército como personal agregado (Pace), el oficial pierde atribuciones operativas y estratégicas en medio de una investigación disciplinaria que impulsa la Procuraduría junto a la Fiscalía por sus presuntos vínculos con disidencias armadas.
La reubicación de Huertas Herrera, considerada tradicionalmente la antesala del retiro, forma parte de una restructuración más amplia que, según Blu Radio, afecta a cinco altos mandos y, de acuerdo con La FM, alcanza a 18 generales en todo el país.
Entre los cambios, se destacan los relevos del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, el mayor general Olveiro Pérez Mahecha y el brigadier general Juan Diego Sepúlveda Palacio. Además, el mayor general Giovanni Rodríguez León asumirá la Inspección General en sustitución de Pérez Mahecha.
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