
A raíz de la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, que generará un impacto económico bilateral a partir del 1 de febrero de 2026, crece la tensión entre ambos países. Paralelamente, la dinámica del narcotráfico en la región y la migración de estructuras criminales entre fronteras alimentan la controversia sobre qué país alberga realmente a los principales jefes criminales.
En los meses recientes, autoridades colombianas capturaron a por lo menos cinco jefes criminales de origen ecuatoriano en su territorio. El 2 de octubre de 2025, fue detenido en Medellín Rolando Federico Gómez Quindé, conocido como alias Fede, cabecilla del grupo Las Águilas, con operaciones en ambos países. Días antes, en Rionegro, la policía abatió a Jortman Robinson Suárez Molina, alias el Ecuatoriano.
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A estos operativos se suma la aprehensión, en junio de 2024 en Bogotá, de Vinicio Antonio, considerado por Ecuador objetivo de alto valor en la estructura criminal de Los Choneros y vinculado con la Segunda Marquetalia, según información oficial.
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En contraste, las capturas de colombianos en territorio ecuatoriano responden a delitos diversos, pero las autoridades de ese país no los identifican como grandes capos. Destaca la detención de Antonio Quintero Molina, conocido por el alias Caleño, señalado integrante del Clan del Golfo, arrestado en la provincia de Santa Elena en diciembre de 2024. Otro caso mencionado, según fuentes de El Tiempo, es alias Saulo, capturado en julio en la ciudad de Esmeraldas y acusado por Colombia de lavado de activos, además de liderar una facción disidente llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
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El presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su cuenta de la red social X: “El narco ya no quiere estar en Colombia porque sabe que aumentamos cada vez más la presión sobre él. Si el narco estuviera contento en Colombia, no se iría en masa a Ecuador”.
Sin embargo, fuentes y expertos del sector Defensa, consultados por el medio citado, discrepan de esa visión. Si bien reconocen que en 2025 la incautación de cocaína en Colombia alcanzó “cifras cercanas a 1.000 toneladas”, junto con más de 560 combates y 12.400 capturas de integrantes de grupos armados, advierten que estos logros aún no han debilitado de manera estructural a las organizaciones de narcotráfico.
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A su vez, afirmaron que algunas cabezas delictivas sí han salido rumbo a Ecuador, pero agregan que los procesos de producción y comercialización de cocaína han cambiado, especialmente en el Pacífico colombiano, donde la actividad se concentra ahora en la fabricación de pasta base, clorhidrato y cocaína lista para exportación. Organizaciones mexicanas, actuando como compradoras, negocian directamente por toneladas, con acuerdos cerrados y pagos anticipados antes de que la droga salga del país.
“La consecuencia es visible en el fortalecimiento financiero de organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN y, en algunas regiones, el Clan del Golfo. Ese músculo económico se traduce en una mayor capacidad para sostener el control territorial, ampliar el número de integrantes, adquirir armamento, financiar la logística y consolidar redes urbanas. Por esa razón, los grandes capos necesitan mantenerse en estos territorios y asegurar el control de esas economías”, explicó una de las fuentes consultadas por El Tiempo.
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De acuerdo con el análisis de inteligencia recogido por el mismo medio, la migración de jefes criminales ecuatorianos hacia Colombia respondería a una búsqueda de refugio tras la presión de las autoridades de su país. “Esto demuestra lo contrario a lo dicho por el presidente Petro. Más bien, están buscando en Colombia un territorio para esconderse y evadir a las autoridades ecuatorianas”, sostuvo otra de las fuentes.
Los movimientos en ambas direcciones, tanto de capos colombianos como ecuatorianos, muestran la compleja realidad transfronteriza del crimen organizado, donde el control territorial, la diversificación de rutas y la interacción entre grupos armados y organizaciones extranjeras configuran un escenario de constantes reajustes y disputas.
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