En 2026, Colombia enfrentará litigios internacionales que ponen en riesgo más de $42 billones de pesos, una cifra que compromete su estabilidad económica y reputación como destino de inversión.
El país deberá afrontar demandas interpuestas por multinacionales como Movistar, Sanitas o la compañía cazatesoros Sea Search Armada, mientras sus autoridades intentan evitar fallos desfavorables que podrían impactar directamente la confianza de otros inversionistas extranjeros.
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Estas disputas jurídicas, conocidas como arbitrajes de inversión, se ventilan ante organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) es la encargada de defender los intereses colombianos en estos escenarios, apoyada por bufetes internacionales de prestigio.
Actualmente, la Andje enfrenta 16 litigios de alto valor, cifra que puede incrementarse si surgen nuevas controversias vinculadas a sectores como la minería. Más allá de las eventuales indemnizaciones, Colombia se juega un elemento fundamental: el mensaje de seguridad jurídica que da a la inversión extranjera, según fuentes consultadas por El Tiempo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Movistar. En noviembre de 2024, el Ciadi falló a favor de la multinacional Telefónica, ordenando a Colombia el pago de más de USD 379.000.
La disputa proviene de una cláusula contractual de los años 90 que obligaba a Telefónica a devolver a la Nación los bienes usados para prestar el servicio de telefonía. La confusión alrededor de esa cláusula derivó en un fallo adverso en la Cámara de Comercio de Bogotá en 2017, que determinó un pago de $3,1 billones por parte de la multinacional española.
No conforme con la justicia nacional, Telefónica acudió al Ciadi, que resolvió a su favor, aunque el Gobierno solicitó la anulación del arbitraje. Se espera que en los próximos meses se definan nuevas audiencias para establecer si Colombia deberá desembolsar más de $1,7 billones.
Otro proceso de alto impacto involucra a la EPS Sanitas y su matriz, el grupo Keralty. Tras la intervención estatal ordenada por la Superintendencia de Salud en abril de 2024, el presidente Gustavo Petro defendió la medida, posteriormente revertida por la Corte Constitucional por lesión al debido proceso.
Como respuesta, Keralty presentó una demanda ante el Ciadi reclamando USD 1.200 millones por lo que señala como incumplimientos estatales en la protección de sus inversiones y en la financiación del sistema de salud. El 14 de enero de 2024, Andrés Jana Linetzky fue designado árbitro presidente del tribunal encargado de evaluar si el Gobierno vulneró los derechos del inversionista.
En el ámbito de infraestructura, la disputa de la vía Perimetral de Oriente ha trascendido al plano internacional. El tribunal estadounidense Icdr condenó en 2023 a Colombia a pagar $1,3 billones al consorcio Shikun & Binui e InfraRed. El litigio gira en torno a la inviabilidad de dos quintas partes del proyecto vial, tras no haberse advertido la existencia de 66 manantiales, lo que afectó el recaudo por peajes. Ahora, ante el Ciadi, los inversionistas buscan USD 203 millones en concepto de indemnización.
El caso de mayor cuantía y carga simbólica es el del Galeón San José. Desde 2023, la CPA de Países Bajos estudia la demanda de Sea Search Armada, firma estadounidense que exige casi USD 10.000 millones (unos $40 billones) por haber localizado supuestamente el tesoro en la década de 1980.
Este proceso avanza con miembros como Stephen Drymer, Stephen Jagusch y Claus Von Wobeser como árbitros, mientras Colombia, representada por la Andje y bufetes como Gaillard Banifatemi y Shelbaya, sostiene en su defensa que Sea Search Armada nunca halló los restos del galeón ni proporcionó coordenadas precisas.
En paralelo, el Ciadi atiende la reclamación de Maritime Archaeology Consultants (MAC), empresa suizo-británica que reivindica ser la verdadera descubridora del San José, exigiendo USD 50 millones por servicios no reconocidos por el Estado colombiano. Desde enero de 2024, el tribunal arbitral analiza un conflicto de jurisdicción que debe resolverse en los próximos meses.
También destaca el caso de Triple A de Barranquilla, planteado por el canal de Isabel II de España. La disputa surge por la enajenación de acciones de la empresa de servicios públicos, medida que, según la parte demandante, violó el acuerdo de comercio bilateral al no garantizar la debida compensación, motivo por el cual solicitan USD 408 millones ante el Ciadi.
Este litigio avanza con la presentación de los argumentos de ambas partes y se prevé que tenga desarrollos relevantes durante 2026.
A lo largo del año, Colombia estará marcada por la evolución de estos procesos y la posibilidad de nuevas demandas. La gestión de la Andje será determinante no solo por el monto de las indemnizaciones en juego, sino también por el impacto que estos fallos tendrán sobre la percepción internacional del clima de inversión en el país.
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