La crisis de la salud en Colombia sigue siendo uno de los problemas más importantes en la actualidad, que se agravó bajo el Gobierno de Gustavo Petro y, previo a elecciones, es uno de los temas a considerar por los candidatos a llegar a la Casa de Nariño en 2026.
Se conoció un informe de la Contraloría sobre los alcances de la deuda a los hospitales del país, pues varios de ellos debieron cerrar unidades o despedir personal por la falta de recursos para operar, al punto también de que algunos centros de salud no siguieron con sus funciones.
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Por otro lado, el Gobierno ha planteado la idea de liquidar las EPS en todo el país, producto de que se cayó la reforma a la salud, en su segunda discusión en el Congreso, lo que provocó la molestia del Ejecutivo y buscar soluciones para el tema económico de todo el sistema.
El informe de Contraloría
El ente dio a conocer una importante cifra sobre lo que viene pasando con la red hospitalaria en Colombia, pues son muchas las denuncias de la falta de recursos para que sigan operando, en especial centros de salud que atienden casos de alta complejidad de los usuarios.
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Según el documento de la Contraloría, la deuda con los hospitales aumentó, lo que marca la gravedad del problema para el Gobierno nacional, que ha culpado a las entidades privadas de salud de no girar el dinero necesario, al punto de que se investiga a la Nueva EPS.
El informe señala que, durante 2025, la crisis creció demasiado e hizo un llamado al Estado para que tome cartas en el asunto, pues el sistema quedó a un paso de colapsar y le quedará a la próxima administración resolver el problema, aunque con una deuda enorme.
La crisis financiera pasó de 12,5 billones de pesos a 16,28 billones de pesos, cifra que creció en los últimos nueve meses, un aumento de cuatro billones de pesos que causa escándalo en el país, pese a los movimientos de la Adres para ayudar a los centros de salud.
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Dicha entidad giró un 27% más de los recursos que venía manejando para eso, pero no fueron suficientes y la Contraloría hizo un llamado a la administración de Gustavo Petro, pues el 20% del dinero va para la red pública, que está en 600 municipios y varios de ellos en zonas apartadas.
Liquidación de EPS, una propuesta a debatir
La idea de una liquidación masiva y acelerada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha encendido una nueva alarma en el sistema de salud de Colombia. El reciente comunicado de un amplio bloque de asociaciones de usuarios, pacientes, prestadores, gremios, académicos y antiguos funcionarios advierte que un proceso de estas características podría amplificar la crisis actual e incrementar de forma inmediata los riesgos tanto para millones de pacientes como para toda la red hospitalaria nacional. De forma categórica, insisten en que la salida a la crisis exige diálogo, rigor y responsabilidad institucional, descartando cualquier medida impulsiva que comprometa el derecho fundamental a la salud.
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El pronunciamiento de estos actores, hecho público el 22 de enero de 2026, responde a las advertencias presidenciales sobre una posible liquidación de las EPS intervenidas. Según el texto, implementar una medida de carácter “generalizado y apresurado”, sin un reemplazo operativo claro y sin contar con modelos probados, colocaría al sistema de salud frente a una crisis asistencial y financiera “sin precedentes”.
Entre los aspectos señalados, destaca el deterioro progresivo del sistema: las quejas, peticiones, reclamos y acciones de tutela han aumentado de forma exponencial, alcanzando niveles históricos. El sector denuncia también el crecimiento de las deudas estatales, que superan los 2 billones de pesos colombianos (unos USD 510 millones), causadas por retrasos en los desembolsos presupuestarios y el incumplimiento de mandatos de la Corte Constitucional al cierre de 2025.
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Las siete EPS bajo intervención gubernamental —Coosalud (3,3 millones de usuarios), Nueva EPS (11,5 millones), Famisanar (2,9 millones), Savia Salud y Asmet Salud (cada una, 1,6 millones), Emssanar (1,7 millones) y SOS EPS (747.000 afiliados)— agrupan a más de 23 millones de personas: casi la mitad de los afiliados al sistema nacional. La liquidación, simultánea o escalonada, de estas aseguradoras no sería, alertan los expertos, un procedimiento administrativo, sino una redefinición del destino de millones de usuarios.
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