La controversia en torno al contrato de $10.000 millones firmado por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para la defensa del mandatario Gustavo Petro en Estados Unidos tuvo el miércoles 21 de enero un nuevo capítulo: luego de que el expresidente Andrés Pastrana Arango lanzó un reclamo directo a la más alta autoridad de control fiscal: el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al que acusó de no actuar en este caso.
“Sr. Contralor @CarlosHernanR1, ¿cuándo va a usar sus facultades para investigar la indebida contratación de abogados para defender a @petrogustavo en asuntos personales? Ya el Dapre y el Presidente confesaron el uso de recursos públicos en causas personales. ¿Qué espera la Contraloría para actuar?”, expresó Pastrana en sus redes sociales, al exigir una intervención urgente frente a lo que considera un gasto injustificado de recursos estatales.
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La polémica por el contrato de $10.000 millones que buscaría sacar a Petro de la Lista Clinton
Es oportuno precisar que la polémica en relación con este asunto se fundamenta en la vinculación del Dapre con la firma británica Amadeus Consultancy Limited mediante un proceso de contratación directa. Este caso tiene como principal objetivo, según los documentos, excluir de la Lista Clinton, elaborada por la Ofac, tanto a Petro como a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y a su ministro del Interior, Armando Benedetti.
El paquete de servicios acordados se extiende -según los críticos de este multimillonario contrato- más allá del ámbito meramente legal. Entre los compromisos adquiridos por la consultora extranjera figuran la interlocución directa con el Departamento de Justicia de EE. UU. para contestar testimonios de excolaboradores y “testigos protegidos” y, de manera explícita, una estrategia de “gestión de reputación” de la presidencia ante actores del Congreso estadounidense.
Frente a este escándalo, Petro defendió la legalidad y conveniencia del acuerdo, al señalar que “el ataque a su figura es un ataque a la institución de la Presidencia de la República”, y en ese orden de ideas, plantear que eventuales sanciones podrían minar la estabilidad económica del país. Para el presidente, es claro que desde la oposición “han exportado el conflicto interno a EE. UU. para inducir a las autoridades estadounidenses a tomar medidas injustas”.
Tras el impacto mediático de este contrato, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación sobre la legalidad del uso de partidas presupuestales originalmente destinadas al funcionamiento del Estado para costear la defensa de un presidente en procesos no estrictamente diplomáticos; en tanto que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a raíz de una denuncia presentada el 21 de enero, estudiará abrir o no investigación formal.
En el acuerdo con la firma en mención, hay un aspecto importante que alimentó la discusión en las plataformas digitales: que, tras conocerse la inclusión de Petro en la referida Lista Clinton, Daniel Kovalik, un estadounidense especializado en derechos humanos y derecho laboral, anunció a los medios de comunicación que haría una defensa pro bono del presidente; pero en realidad cobrará por sus servicios, tal y como se especificó en el documento.
“Sí, lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo y asumiría la defensa de forma gratuita“, dijo en ese entonces Kovalik a Blu Radio; no obstante, tal parece que cambió de determinación y fijó una jugosa tarifa para asumir la defensa en territorio norteamericano. Que no tiene otro fin distinto a que el gobernante pueda ser excluido de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, al ser el primer presidente colombiano en integrarla.
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