La Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició un procedimiento disciplinario contra dos de los fiscales que lideraban la investigación del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras denuncias de supuestas demoras que habrían facilitado la evasión de Carlos Ramón González, exdirector de la Presidencia, a Nicaragua, donde actualmente goza de asilo político.
El proceso disciplinario afecta a María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales novena y once delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
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La apertura del procedimiento responde a la denuncia presentada por Pablo Bustos, abogado de víctimas de la Ungrd, quien acusó una “mora injustificada y deliberada” en la formulación de la imputación, en la solicitud de orden de detención y en la gestión de la circular roja de Interpol para González.
Según el comunicado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, “el presente proceso busca establecer si los fiscales incurrieron en mora injustificada y deliberada al retardar la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol en el caso de corrupción de la Ungrd”.
La investigación incluirá la recolección de pruebas y testimonios para determinar si los fiscales podrían enfrentar sanciones disciplinarias, lo que refuerza la presión sobre el sistema judicial colombiano en un caso de alto impacto político.
El escándalo se profundizó tras viralizarse imágenes de González bailando en una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua el 11 de diciembre, lo que evidenció la incapacidad de las autoridades para asegurar su comparecencia ante la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el gobierno colombiano conocía desde noviembre de 2024 la residencia de González en Nicaragua, pero la autorización para que Interpol emitiera la alerta internacional solo se logró el 22 de septiembre de ese año, tras la solicitud inicial del 4 de julio, lo que ha sido cuestionado por expertos y la ciudadanía.
La Fiscalía sostiene que González diseñó y coordinó un esquema de corrupción en la UNGRD, que incluyó el pago de sobornos a congresistas y funcionarios de alto rango. El exjefe de inteligencia y director del Dapre enfrenta acusaciones por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Durante la formulación de la imputación, el fiscal Gabriel Sandoval detalló que “debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre de 2023 usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de tres mil millones de pesos y a Calle Aguas a mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la Ungrd que Olmedo López entregaría”.
Estas sumas estaban destinadas a Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, a través de intermediarios y traslados a Montería, Córdoba. Los fondos provenían de contratos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable para comunidades indígenas en la Alta Guajira.
La investigación también reveló que González y Olmedo López se reunieron en el Palacio de Nariño en septiembre de 2023, donde el exfuncionario ordenó la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos a los presidentes del Congreso a cambio de apoyo legislativo a proyectos gubernamentales. Posteriormente, se pagaron coimas por 4.000 millones de pesos a Name y Calle, quienes ya están detenidos por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Además, González intervino para evitar la destitución de Olmedo López pese a la suspensión ordenada por la Contraloría, asegurando así la continuidad del mecanismo de pagos ilícitos hacia los congresistas.
El caso ha escalado con la imputación y solicitud de detención de otros altos funcionarios, incluidos los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), acusados por la Fiscalía de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Mientras tanto, la situación judicial de González sigue sin resolución. Su estatus de prófugo en Nicaragua y la protección diplomática que recibe han complicado los intentos de extradición y ponen en evidencia las dificultades que enfrenta Colombia para ejercer justicia en casos de corrupción que involucran a las más altas esferas del poder público.
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