Esta es la otra millonada que el Gobierno Petro ‘olvidó’ contar para que aviones Gripen puedan volar en Colombia: supera los 90 millones de dólares

No dejan de conocerse detalles del megacontrato que el presidente Gustavo Petro adjudicó para modernizar la flota aérea de las Fuerzas Militares y que le costará al país más de 16 billones de pesos.

Sin embargo, aunque el mandatario nacional ha defendido fuertemente su decisión de aliarse con la empresa sueca Saab para traer 17 aviones Gripen, al Gobierno nacional se le habría olvidado un pequeño detalle: dónde acomodar y operar las aeronaves.

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Por eso, el Estado colombiano destinará más de 90 millones a obras de infraestructura militar especial para habilitar la operación de los aviones Gripen, la adquisición militar más costosa del siglo en el país, según un reciente informe revelado por la revista Cambio.

La Fuerza Aeroespacial ejecutará este desembolso como complemento imprescindible al contrato de los cazas, en medio de las críticas finanzas que vive el Estado y la crisis fiscal del país.

Estos recursos, que superan los 330.000 millones de pesos, corresponden a un contrato complementario esencial para que los 17 aviones suecos puedan despegar, aterrizar y operar plenamente en territorio nacional. Aunque esta cifra resulta inferior a los 16,5 billones de pesos invertidos en la compra de las aeronaves, constituye una carga relevante para el presupuesto estatal.

El llamado paquete de compensación por el cual el Gobierno nacional defendió la adquisición contempla, además de los aviones, la provisión de armamento, mantenimiento, entrenamiento y obras sociales.

Según el presidente Gustavo Petro, “el conjunto es que tiene este valor, que da un costo unitario por avión de USD 215 millones, costo que se compara con perfidia por la oposición con la compra de aviones pelados”. La versión oficial recalca que la inversión no solo cubre los equipos de vuelo, sino todo el sistema asociado.

Según información revelada por Cambio, el contrato de obras fue suscrito el 31 de diciembre, en silencio y sobre las 6:00 p. m., cuando todo el país se alistaba para recibir el 2026, por un monto de 335.000 millones de pesos.

La Fuerza Aeroespacial adjudicó el proyecto al consorcio ASA, integrado en partes iguales por las empresas Coninsa y Arquitectura y Concreto, responsables del diseño y la construcción de más de 17 edificaciones en la base aérea Capitán Germán Olano, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca.

Entre las instalaciones programadas sobresale un hangar Gripen con capacidad para ocho aeronaves, junto a un búnker de reacción con cuatro plazas de estacionamiento y zonas especiales para que las tripulaciones respondan en caso de emergencia.

El búnker dispondrá de muros de 1,2 metros de espesor y una cubierta hermética para reducir el riesgo ante ataques aéreos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la empresa Saab enviadas al Gobierno y conocidas por la revista Cambio.

El plan incluye el Laboratorio EW Gripen, de 175 metros cuadrados, destinado a pruebas y calibración de sistemas electrónicos y de vuelo, además del soporte técnico e informático.

A esto se suma el Centro de Entrenamiento Táctico (Cetac), que contará con oficinas de Saab, cuatro simuladores de vuelo, salas de reuniones y un área para misiones reservadas. También se habilitarán espacios para pruebas de visión nocturna y evaluaciones fisiológicas de los pilotos.

La infraestructura proyectada se completa con la modernización de la subestación eléctrica principal de la base, la ampliación de las redes de media tensión y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas estas obras siguen las recomendaciones técnicas recogidas en un documento de más de 500 páginas elaborado por Saab.

El cronograma prevé que el Cetac y ciertas mejoras eléctricas estarán listas a finales de 2027, mientras que el hangar, el laboratorio EW y otros espacios alcanzarán su etapa definitiva en noviembre de 2028, fecha límite para la entrega de todas las instalaciones. Las obras iniciarán este año con estudios topográficos, geotécnicos y de suelo.

La interventoría estará a cargo de la firma colombiana Joyco S.A.S, que velará por la correcta ejecución y transparencia de la inversión. El contrato para este control de calidad supera los 22.800 millones de pesos.

El financiamiento de la infraestructura se articulará mediante vigencias futuras asignadas durante los próximos siete años, lo que implica comprometer recursos estatales a largo plazo. Este mecanismo habilita la inversión a pesar de las restricciones fiscales, aunque implica relegar otros posibles destinos presupuestales.