
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación emitió un comunicado, el viernes 9 de enero, en el que aclaró su papel frente a la controversia generada por un contrato por $41.666 millones relacionado con la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), luego de publicaciones de algunos medios de comunicación que señalaron presuntas irregularidades en el proceso.
La cartera explicó que no tiene competencia para adjudicar contratos del Sistema General de Regalías y detalló el estado de los proyectos vinculados a esa fundación, así como el alcance de la convocatoria pública actualmente en curso.
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En un comunicado dirigido a la opinión pública, el ministerio indicó que actúa únicamente como Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ocad CTeI), instancia responsable de aprobar, priorizar y asignar los recursos de inversión provenientes de las regalías. .
El ministerio precisó que su función como Secretaría Técnica del Ocad se limita a apoyar el proceso desde el punto de vista técnico y administrativo, sin intervenir en la asignación de recursos. En ese sentido, rechazó versiones que afirman que la entidad habría entregado un nuevo contrato a Funcesi por el monto señalado.
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Según el comunicado, tras una revisión de archivos internos se estableció que la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación cuenta con tres proyectos aprobados por el Ocad en los años 2020, 2021 y 2022, de los cuales dos ya finalizaron y uno, correspondiente a 2020, se encuentra en ejecución. Este último registra “un avance físico del 99.96%”, de acuerdo con la información oficial suministrada por la cartera.
Estado de los proyectos

En relación con la Convocatoria Pública No. 37, el ministerio explicó que Funcesi figura en el listado definitivo de propuestas elegibles, resultado de una evaluación técnica adelantada por pares externos e independientes a la entidad. En ese proceso, la fundación ocupa la posición 2 en la región Caribe y la posición 9 en la región Centro Sur Amazonía.
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El ministerio aclaró que estar incluido en el listado de elegibles no implica que los recursos hayan sido asignados, sino que los proyectos cumplen los requisitos establecidos en los términos de referencia para continuar en el trámite. Conforme al cronograma definido, los proyectos avanzan actualmente en la fase de revisión técnica de la documentación, paso previo a que el Ocad decida sobre su viabilización y priorización.
En el comunicado se señala que “resulta carente de fundamento afirmar que ‘MinCiencias entrega un nuevo contrato’, toda vez que se encuentra en curso la revisión técnica de la documentación, para que el Ocad decida sobre la viabilización y priorización de los proyectos de inversión, conforme al orden de elegibilidad”. La cartera reiteró que, a la fecha, ningún proyecto ha sido aprobado ni priorizado dentro de esta convocatoria.
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Cuestionamientos públicos y acciones judiciales

La cartera afirmó que actúa bajo los principios de legalidad, transparencia y debido proceso, y advirtió que, “una vez sea notificado por los organismos competentes de cualquier situación que impida a los proponentes continuar en el proceso, se adoptarán de inmediato las medidas administrativas a que haya lugar”.
Además, el comunicado indicó que ningún medio de comunicación solicitó información oficial antes de difundir versiones sobre el proceso. En particular, señaló que Cambio no contactó a la entidad para contrastar la información publicada. Por ello, el ministerio invitó a periodistas y ciudadanos a acudir a las fuentes institucionales para obtener datos completos y verificados.
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Paralelamente a esta controversia, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya Requene, informó que interpuso una querella penal por injuria y calumnia agravadas contra Víctor Saavedra, exviceministro durante el gobierno de Iván Duque. Según explicó, en las últimas semanas el exfuncionario ha publicado en la red social X más de 30 mensajes con “afirmaciones falsas, expresiones injuriosas y acusaciones sin sustento” que, de acuerdo con Olaya, afectan su buen nombre, su trayectoria profesional y la institucionalidad que representa. La ministra añadió: “Uno esperaría un debate razonable, con argumentos y responsabilidad pública. La crítica es legítima; la difamación y la imputación de delitos no lo son”.
El proceso, indicó, quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación. Víctor Saavedra fue viceministro de Vivienda entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, durante la administración del entonces presidente Iván Duque, y en publicaciones recientes se refirió al Gobierno con expresiones como “Gobierno de corruptos y bandidos”, además de calificar a la ministra como “bandida”.
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