La prórroga por siete meses de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, Norte de Santander, fue oficializada por el Gobierno nacional con el fin de sostener los compromisos del proceso de paz con el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, estructura a la que pertenece el Frente 33 de las Farc.
La extensión de la medida, establecida en la Resolución 474 del 23 de diciembre de 2025 y firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, busca dar continuidad al plan de alistamiento e ingreso escalonado de los integrantes del grupo armado a la ZUT, y salvaguardar la vigencia de acuerdos alcanzados pese a la falta de un cese formal del fuego.
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El conflicto armado en el Catatumbo generó un grave impacto humanitario en las semanas recientes. Los enfrentamientos entre disidencias del Frente 33, bajo el mando de alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) obligaron a desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, aumentando la presión sobre comunidades atrapadas en la pugna por el control territorial y de economías ilegales.
En ese contexto, la decisión gubernamental apunta a reducir la intensidad de la confrontación y proteger a la población civil, dando cumplimiento a los compromisos pactados en el VII ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz.
La resolución enfatiza que la Zona de Ubicación Temporal no equivale a una zona de despeje y ordena asegurar el pleno ejercicio del Estado de Derecho en el área, permitiendo el normal funcionamiento de las instituciones para garantizar los derechos de los residentes. Entre los principales compromisos suscritos figuran acciones de desescalamiento del conflicto, protección de menores, transformación territorial, sustitución de cultivos ilícitos, protección del medio ambiente y garantías electorales, según lo consignado en el documento oficial.
Mientras el proceso de diálogo se desarrolla, las comunidades locales, organizaciones sociales y autoridades territoriales urgen al Gobierno por respuestas integrales en materia de seguridad y atención humanitaria. La persistencia de la violencia y la precariedad institucional en esta zona estratégica del nororiente colombiano agravan el riesgo de nuevas víctimas y perpetúan la inestabilidad regional.
Incrementa el recrudecimiento de la violencia en Catatumbo por conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump
La conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, por más de una hora, reconfiguró el escenario diplomático entre ambos países y concentra la atención internacional en Catatumbo, una región clave para la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.
Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que cualquier aumento de la presión militar en la zona podría agravar de manera irreversible la ya delicada situación humanitaria, en un contexto que amenaza con escalar debido a la incursión de nuevos actores armados tras el inicio de los combates el 16 de enero de 2025.
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, expresó a La FM que, de materializarse una acción militar de Estados Unidos ejecutada a través de la fuerza pública colombiana, la región experimentaría un crecimiento en la crisis de desplazamiento y confinamiento.
Según Mayorga: “Para nosotros como defensores de derechos humanos, lo que evidenciamos es que, al presentarse cualquier ataque de la fuerza pública en el Catatumbo, por la presión que va a ejercer Donald Trump, se va a aumentar el número de desplazados en el territorio y confinados también. Esta crisis humanitaria se va a disparar; ojalá no sea así, pero la situación se puede aumentar, así como la afectación a las víctimas y las comunidades”. Aseguró además que resulta fundamental reducir la tensión bilateral, aunque subrayó que la amenaza de nuevas operaciones militares mantiene en vilo a las comunidades.
Desde comienzos del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, en 2025, el Catatumbo se perfiló como uno de los objetivos estratégicos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico, lo que eleva la preocupación local por las posibles derivaciones de cualquier intervención directa o indirecta de Estados Unidos en la región.
Este escenario se torna aún más complejo por el llamado de alias Iván Mordisco, líder guerrillero, a otras organizaciones armadas para conformar una alianza opositora a la presencia estadounidense. La posibilidad de enfrentamientos con nuevos actores armados y el traslado de miembros del ELN desde Venezuela añade un factor de inestabilidad que podría desatar, según Mayorga, una crisis alimentaria sin precedentes.
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