Persiste la crisis y falta de garantías para una vida digna en el Catatumbo: el balance que dejó la visita de la ONU y otras autoridades a la región

Durante dos días consecutivos, una comisión humanitaria encabezada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a varias zonas rurales del Catatumbo para verificar la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas afectadas por la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

El recorrido se desarrolló en compañía de un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

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La visita permitió constatar el impacto que ha tenido la reanudación del conflicto armado desde finales de diciembre, con consecuencias directas para la población civil, entre ellas desplazamientos masivos, confinamiento, daños a viviendas e infraestructura comunitaria, así como el abandono forzado de comunidades enteras. De acuerdo con lo verificado en territorio, varias familias han tenido que salir de sus hogares ante la intensidad de los combates y la falta de condiciones mínimas de seguridad.

En el segundo día del recorrido, la comisión humanitaria llegó al corregimiento de Filo Gringo, en jurisdicción del municipio de El Tarra, donde se evidenciaron afectaciones severas a la población civil. Allí se constató la destrucción de viviendas e infraestructura como consecuencia directa de la confrontación armada. Según la Comisión Humanitaria del Catatumbo, una parte significativa de este corregimiento permanece deshabitada debido al desplazamiento masivo de sus habitantes.

Verificación en El Tarra y Tibú

Además de Filo Gringo, la comisión visitó la cabecera urbana de El Tarra y varios albergues habilitados para atender a las familias desplazadas. En estos espacios, se recogieron testimonios sobre las dificultades para acceder a servicios básicos, las restricciones a la movilidad y la imposibilidad de retomar actividades productivas.

Posteriormente, Iris Marín y los integrantes de la comisión se desplazaron a los corregimientos de Versalles y Pacelli, en zona rural del municipio de Tibú. El objetivo de esta visita fue verificar la situación de derechos humanos, escuchar a las comunidades y facilitar la entrega de ayuda humanitaria de manera articulada entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los habitantes de varios corregimientos de Tibú y El Tarra enfrentan una situación humanitaria crítica como consecuencia del recrudecimiento de la violencia armada en las últimas semanas. Las comunidades reportaron confinamiento prolongado, dificultades para el acceso a alimentos y servicios de salud, y la suspensión de actividades escolares para niños, niñas y adolescentes.

Balance de la Defensoría del Pueblo

Tras la visita, la Defensoría del Pueblo difundió un pronunciamiento a través de su cuenta institucional en redes sociales, en el que se refirió a la situación que enfrentan las comunidades del Catatumbo. “Hemos venido al Catatumbo a escuchar el clamor de paz de comunidades que hoy viven entre el miedo, el confinamiento y el abandono”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín, durante el recorrido realizado junto a la Misión de la ONU en Colombia y la Iglesia católica.

La Defensoría indicó además que, junto con la comisión humanitaria, se recorrieron las zonas más afectadas, se entregaron ayudas y se constató la situación que enfrentan las comunidades. “Hacemos un llamado al Estado a adoptar medidas urgentes de protección y atención, y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”, señaló la entidad.

En otro mensaje publicado en la red social X, la defensora del Pueblo afirmó: “El ELN y el Frente 33 desprecian la dignidad de la gente y comunidades del Catatumbo. Parecen indiferentes a los efectos de su accionar en una guerra de egos y por las economías ilícitas. Sin embargo, el pueblo del Catatumbo no se rinde. Las instituciones del Estado tampoco podemos ni debemos rendirnos”.

Las autoridades locales y departamentales se mantienen en máxima alerta ante un posible desplazamiento a gran escala, tras los combates registrados en sectores como Filo Gringo, Orú, Versalles, Beltrania, Campo Dos y La Gabarra, en jurisdicción de Tibú y El Tarra. Según información oficial, al menos 88 núcleos familiares han llegado desplazados al municipio de Ocaña, donde se alojan en viviendas de familiares y conocidos.

En Cúcuta, el número de personas desplazadas provenientes del Catatumbo asciende a cerca de 2.000, de acuerdo con los reportes de las autoridades. La situación ha llevado a que algunos mandatarios locales adopten medidas simbólicas y administrativas; entre ellas, la decisión del alcalde de Teorama, Uber Conde, de suspender las festividades municipales en solidaridad con las comunidades afectadas.

Las comunidades han denunciado el uso de drones para atacar viviendas, la presencia de integrantes de las disidencias de las Farc en Filo Gringo y la ocurrencia de fuertes combates en zonas rurales. Ante este escenario, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, confirmó el fortalecimiento y la continuidad de las operaciones militares en el Catatumbo para contrarrestar la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú para hacer seguimiento permanente a la situación humanitaria y de orden público, especialmente en el sector de Filo Gringo, donde el personal médico tuvo que abandonar la zona por falta de garantías de seguridad.