La designación de Juan David Correa como nuevo negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con Comuneros del Sur marca una importante etapa en uno de los procesos más avanzados dentro de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
La decisión quedó oficializada mediante la resolución firmada el 22 de diciembre de 2025, en la que el mandatario nombró al exministro de Cultura y escritor como delegado del Ejecutivo para las conversaciones con esta estructura armada, que desde mayo de 2024 se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opera principalmente en Nariño.
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El cambio de delegado se produjo tras la renuncia de Clemencia Carabalí, lideresa social y defensora de derechos humanos, que integró la delegación gubernamental desde la instalación de la mesa en septiembre de 2024.
Según el documento oficial que modificó la Resolución 369 de 2024: “Que la ciudadana Clemencia Carabalí Rodallega presentó su renuncia a dicha designación. Como consecuencia, es necesario realizar una nueva delegación que la reemplace como representante del Gobierno nacional y con carácter de miembro del equipo negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur”.
Correa, que había dejado el Ministerio de las Culturas el 5 de febrero por presuntos desacuerdos por el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, se integra así al equipo conformado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Andrei Giovani Gómez y Pablo Francisco Pardo.
Gobierno nombró 10 gestores de paz de Comuneros del Sur
El proceso con Comuneros del Sur ha logrado avances significativos, a diferencia de otros frentes de la política de paz total.
En noviembre de 2025, la consulta previa para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) se cerró oficialmente en el resguardo indígena Gran Mallama, en Nariño, convirtiéndose en el primer territorio del país en culminar este tipo de procedimiento para concentrar a miembros de un grupo armado durante su tránsito hacia la vida civil. Comuneros del Sur también fue la primera estructura ilegal que entregó material de guerra en la administración de Petro.
Y es que el Gobierno le “metió acelerador” a este proceso al nombrar 10 gestores de paz mediante la Resolución 470 del 22 de diciembre de 2025, buscando firmar un acuerdo de fin de conflicto antes del 7 de agosto de 2026.
Entre los designados figuran Raúl Demetrio García Guanga, vinculado al asesinato del líder indígena Yonis Orfilio García Nastacuas; Arely Carvajal Martínez, señalada de manejar operaciones insurgentes en Arauca y Casanare; Severo Saavedra Benavides, alias Óscar Nobles, identificado como jefe guerrillero del ELN en el sur de Bolívar; y Euser David García Suárez, alias Correcamino, acusado de varios delitos, junto a otros seis nombres.
La ley permite al presidente suspender penas o medidas de aseguramiento y otorgar beneficios penales a miembros de grupos armados con los que se logren acuerdos humanitarios, siempre que actúen como gestores de paz y cumplan con obligaciones judiciales.
Comuneros del Sur, dirigido por Gabriel Yepes Mejía, alias HH, mantiene presencia en la cordillera nariñense, especialmente en el sector de Los Abades, y ha logrado sostener hasta ocho mesas de negociación simultáneas. Yepes Mejía encabeza las conversaciones tras la suspensión por parte del presidente Petro de su orden de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
La negociación territorial se concentra en municipios como Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Samaniego, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.
Hasta la fecha, las delegaciones han alcanzado 11 acuerdos, entre ellos la creación de la ZUT, que tendrá una duración de un año a partir de su vigencia administrativa. Este mecanismo permitirá que cerca de 100 integrantes del grupo inicien su transición hacia la vida civil, incluyendo compromisos en búsqueda de desaparecidos, sustitución de cultivos, desminado humanitario y aportes a la verdad.
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