Un escándalo inmobiliario sacude el norte de Cartagena, donde la Fiscalía 20 Seccional intervino al bloquear más de 80 folios de matrículas —los registros oficiales de propiedad— correspondientes a terrenos ubicados en la zona adyacente al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
En este sector de alta demanda, conocido como Cielo Mar, se proyectaban varios complejos residenciales de lujo destinados a estratos 5 y 6. La intervención judicial puso en riesgo la viabilidad de estos millonarios proyectos, ya que, según la Aeronáutica Civil (Aerocivil), los predios son de propiedad del Estado y deberían destinarse a bienes de uso público.
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De acuerdo con las revelaciones del diario El Tiempo, el bloque de matrículas afecta a un cuadrante de más de 15 hectáreas, terreno que había sido comercializado por grandes constructoras para el desarrollo de apartamentos cuyo valor unitario oscila entre los 350 y 450 millones de pesos.
Este escándalo dejó a cientos de compradores, tanto nacionales como extranjeros, en una situación de total incertidumbre legal, y pone en entredicho la seguridad jurídica de la industria inmobiliaria en la ciudad.
Esta es la denuncia y el conflicto legal
El proceso penal 27.749, abierto por el presunto delito de fraude procesal, radica en la demanda presentada por la Aerocivil para la restitución de los predios, cuya ubicación y características provocaron un conflicto que afecta tanto a los inversionistas como a los futuros propietarios.
La Aeronáutica Civil argumenta que estos terrenos son parte del patrimonio público de la Nación, vinculados a la operación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, y que, por lo tanto, no deberían ser objeto de transacciones comerciales, de acuerdo con el diario en mención.
A raíz de esta disputa, la Fiscalía colocó una valla de notificación desde el 1 de diciembre frente al aeropuerto, donde se mencionan los números de folios que están involucrados en el procesal.
La medida busca garantizar la transparencia del caso, permitiendo que cualquier tercero afectado por la comercialización de estos predios sea debidamente notificado.
En este mismo cuadrante de tierras, el Distrito de Cartagena está llevando a cabo la construcción de su proyecto más ambicioso: el Gran Malecón del Mar. Este complejo urbanístico, recreativo y turístico se perfila como el motor de la revitalización del norte de la ciudad.
No obstante, la disputa por la titularidad de los terrenos podría retrasar o incluso desestabilizar el avance de esta obra, clave para la visión de futuro del Distrito.
Impacto económico para compradores e inversores
La situación legal podría afectar a más de 1.700 apartamentos que ya están en venta en distintos megaproyectos inmobiliarios. Estos complejos habitacionales, promovidos por empresas constructoras de renombre, eran vistos como una excelente oportunidad de inversión.
Sin embargo, el riesgo de perder el dinero invertido se cierne sobre los compradores, quienes podrían verse obligados a recurrir a los tribunales para recuperar sus derechos, si finalmente se confirma que los terrenos pertenecen al Estado.
En medio del caos generado por la noticia, los primeros compradores afectados comenzaron a tomar medidas legales, por ejemplo, el diario en mención conoció que Laura Arias, una de las perjudicadas, presentó una denuncia formal por estafa.
La acción judicial fue acompañada de una demanda civil en la que argumenta que la falta de certeza jurídica sobre la titularidad de los terrenos hace imposible realizar una escrituración legítima de la propiedad.
Además, se conoció que el Tribunal Superior de Cartagena, ante la magnitud del caso, ya ordenó a la Fiscalía emitir una decisión definitiva sobre la restitución de los terrenos.
Por lo que el alto tribunal reafirmó la obligación del Estado de recuperar estos bienes de uso público y evitar que sean comercializados ilegalmente. Con este panorama, tanto los afectados como la Fiscalía deberán encontrar una solución rápida, dado el tamaño del terreno en disputa y las implicaciones legales y económicas que involucra.
La magnitud del conflicto, que afecta a más de 15 hectáreas de tierra, tiene el potencial de desestabilizar no solo el mercado inmobiliario de la región, sino el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos y turísticos, lo que requiere una pronta resolución para evitar mayores perjuicios a los inversionistas y a los habitantes de la zona.
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