Según confirmó el Ejército Nacional, durante la noche del 7 de enero de este 2025 tropas del frente 36 de las disidencias de las Farc sostuvieron combates con miembros de la fuerza pública en el municipio de Anorí, Antioquia.
La Séptima División del Ejército informó que durante el combate se presentó la muerte de uno de los integrantes del grupo insurgente, sin confirmarse, de momento, bajas en las filas de la fuerza pública.
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Pero detrás de este episodio aislado hay un trasfondo de disputas territoriales y fractura institucional que, según voces locales, tiene efectos graves y persistentes para la población civil. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz, explicó en entrevista a Infobae Colombia que el municipio de Anorí forma parte de una región marcada por una fuerte presencia de grupos armados ilegales debido al vacío institucional.
Según explicó Zapata, en zonas donde se esperaba la llegada efectiva del Estado tras la firma de los acuerdos de paz, la ausencia de intervención permitió que otros actores armados ocuparan el territorio, atraídos por “una representación significativa de minería, en muchos casos, ilegal”.
El líder social advirtió que, por su localización estratégica y recursos naturales, Anorí y municipios vecinos permanecen bajo disputa de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, este último estando especialmente interesado en expandir su control.
“Hay una disputa territorial entre la alianza ELN-disidencias contra el Clan del Golfo”, detalló, señalando que tanto las zonas rurales como urbanas están afectadas por la fragmentación del poder.
Las acciones militares estarían siendo insuficientes
Según datos suministrados por la Séptima División del Ejército, durante las operaciones de ese 7 de enero “nuestras tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un integrante de este grupo terrorista”. Las acciones ofensivas prosiguen en el departamento, consolidando una presencia militar que, para líderes sociales como Zapata, no alcanza a revertir las graves consecuencias de años de omisión institucional.
“Valoramos los esfuerzos que hace la fuerza pública en el territorio, pero esos esfuerzos serán insuficientes en la medida que los vacíos institucionales permiten que este control territorial de estos grupos sea de alta incidencia”, reconoció.
El impacto de esta situación rebasa las fronteras de Anorí. Zapata relató a Infobae Colombia que áreas cercanas como Amalfi, Remedios y Segovia experimentan eventos violentos que escalan el conflicto regional. Recordó la reciente masacre ocurrida en Amalfi, donde integrantes del Clan del Golfo habrían convocado a civiles a una reunión y posteriormente los asesinaron en distintas zonas del nordeste antioqueño. De acuerdo con su testimonio, estas acciones generan “una gran tensión territorial” en varios municipios y corredores estratégicos hasta el sur de Bolívar y Magdalena Medio.
Además, remarcó la exigencia de cumplir con las funciones constitucionales de preservar la vida y la integridad en las regiones. Hizo énfasis en que “la voluntad de paz también es el cese de cualquier forma de violencia”, instando a los actores armados a demostrar con hechos su disposición a avanzar en procesos de paz.
Las alertas tempranas suelen ser omitidas y los violentos se aprovechan
El defensor social subrayó la existencia de alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo que advierten sobre los riesgos que enfrenta la población del nordeste antioqueño. Una de estas alertas, con mapas y análisis de riesgo, recoge las recomendaciones para las instituciones estatales orientadas a mitigar las amenazas contra los civiles.
“Los incumplimientos de las instituciones son los que facilitan que se materialicen los riesgos”, lamentó Zapata, atribuyendo a la incapacidad de las entidades públicas la persistencia de las afectaciones a la población.
Pese a que las acciones militares continúan en la región, las organizaciones sociales y las alertas oficiales insisten en que la respuesta institucional aún no logra proteger de manera efectiva a los habitantes del nordeste antioqueño.
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