El economista Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, considera que el país enfrenta un desafío fiscal mucho más profundo que la mera creación de nuevos impuestos o la declaración de emergencias económicas.
El verdadero problema, afirma, radica en la mala administración y ejecución de los recursos públicos existentes, señalando que en el último cuatrienio se han gastado 44 billones de pesos en regalías mal estructuradas, desperdiciando oportunidades para optimizar el gasto y lograr transformaciones reales.
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González sostiene que, de persistir estos errores, el próximo gobierno tendrá que encarar una reforma tributaria integral y abordar un contexto macroeconómico con desequilibrios estructurales significativos, según declaró al medio El Tiempo.
En la conversación, González cuestionó la efectividad de la declaratoria de emergencia económica adoptada por la administración de Gustavo Petro y anticipó que, desde el punto de vista jurídico, los decretos asociados podrían ser anulados.
Para sustentar su previsión, recordó que situaciones similares se presentaron en el pasado, como el caso de la emergencia decretada para La Guajira, cuyos argumentos legales no se sostuvieron y que, en consecuencia, también fue revertida.
“Creo que los decretos se caerán. El Marco Fiscal de Mediano Plazo deja claro que la situación era conocida. Los argumentos muestran que el problema fiscal no apareció de repente. Esto se parece mucho al decreto de la emergencia en La Guajira, que terminó cayéndose por la misma razón”, expresó González. .
Al analizar el impacto económico inmediato de estos procesos, Jorge Iván González aseguró que, incluso si los decretos llegan a ser anulados, no prevé un efecto adverso considerable sobre la inversión o el crecimiento en el corto plazo, dado el contexto preelectoral y la naturaleza lenta de los trámites jurídicos en Colombia.
El exdirector del DNP también fue enfático al condenar el reciente ajuste del salario mínimo anunciado para 2025, que prevé un aumento del 23,7%.
En su opinión, esta medida se aparta de los fundamentos técnicos y responde a una lógica política antes que económica. González advirtió: “Si subir el salario 23,7 por ciento no tuviera consecuencias, habría que cerrar los libros de economía. Colombia es un país importador“.
Más allá de las críticas puntuales, las advertencias de González se inscriben en un panorama fiscal que, según distintos analistas, muestra señales de deterioro estructural de cara a 2026.
Si el Gobierno no redefine su política de gasto y prioriza recortes profundos en lugar de nuevas fuentes de ingresos, el país enfrentará crecientes dificultades fiscales.
A diferencia de otros momentos de tensión económica, este deterioro se produce sin que medien crisis externas severas, lo que refuerza la preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El más reciente balance del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) evidencia la magnitud del problema. El déficit primario ajustado por ciclo económico se ubicó en -2,9% del PIB, superando el nivel crítico de -2,7% registrado a finales de los años noventa.
Para José Ignacio López, presidente de Anif, este resultado demuestra que los ingresos del Gobierno no alcanzan para cubrir el ritmo del gasto, obligándolo a recurrir a un mayor endeudamiento.
“Si es negativo, significa que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y el Gobierno debe endeudarse más. Si es positivo, hay margen para pagar deuda o fortalecer la situación fiscal”, explicó al diario La República.
Este escenario se presenta en un contexto de crecimiento económico modesto, sin choques financieros recientes.
César Pabón, jefe de investigación económica de Corficolombiana, señaló al medico citado que, aunque Colombia no ha sido golpeada por una crisis financiera, los niveles de endeudamiento se aproximan a los observados durante la crisis de 1998.
A ello se suma una estructura presupuestal rígida: cerca del 90% del Presupuesto General de la Nación está comprometido en gastos inflexibles, resultado de un aumento sostenido de responsabilidades del Estado sin un incremento equivalente de ingresos estructurales.
La ejecución presupuestal también es motivo de alarma. Según Anif, a octubre el Presupuesto General registraba una ejecución del 67,2%, con un rezago especialmente marcado en el rubro de inversión, que apenas alcanzaba el 46,6% de los 83,9 billones de pesos apropiados para el año.
Aunque esta cifra mejora frente a 2023, cuando fue de 39,2%, sigue reflejando una baja capacidad de absorción de recursos.
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