Durante el 7 de enero de 2026 se confirmó la liberación del señalado agresor de Vicky Liliana Vargas tras un brutal ataque que ocurrió al interior de un apartamento en Bogotá, lo que dejó dudas entre la ciudadanía sobre la protección efectiva de víctimas de violencia de género.
El caso llevó a que los ciudadanos cuestionaran al sistema judicial y las entidades de apoyo a la mujer. Entre tanto, la víctima, que permanece hospitalizada con secuelas físicas y emocionales, se enteró de que su agresor quedó en libertad.
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Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2026, cuando Vicky Vargas, de 37 años, se quedó sola en su apartamento, ubicado en el barrio La Estancia, al sur de Bogotá. De acuerdo con el relato de su hijo Nicolás López, la expareja de la mujer ingresó al edificio tras pagar $50.000 al vigilante del edificio.
El joven detalló el ataque en entrevista con La FM, asegurando que el agresor ingresó con engaños y cuando la víctima abrió la puerta y comenzó a golpearla, patearla y causarle profundos cortes con un cuchillo. Durante alrededor de 40 minutos, la víctima sufrió ahorcamiento, múltiples golpes, heridas en extremidades y abdomen, y fue amarrada con un cable.
El testimonio también describe abuso sexual y robo, debido a que el atacante obtuvo claves bancarias a la fuerza, robó el computador y dinero, y realizó una transferencia de fondos antes de huir.
La ciudadana logró pedir auxilio rompiendo el vidrio de una ventana y gritando a los vecinos, que intervinieron y facilitaron la captura del hombre en el mismo conjunto residencial.
El hijo confirmó que existía una medida de protección previa, que el agresor ya había incumplido, hecho que fue confirmado por la Comisaría de Familia.
¿Por qué el agresor quedó en libertad?
En este nuevo encuentro, el criminal dejó a Vargas con cinco fracturas faciales, cuatro en la nariz y una en el pómulo, además de cortaduras internas. A pesar de estos antecedentes, el juez encargado del caso tipificó el caso como lesiones personales y no como tentativa de feminicidio.
“Las lesiones personales son excarcelables y una condena por este delito a veces no supera ni siquiera los 3 años”, explicó el abogado penalista Saúl León en RCN, que consideró que el caso “tiene todo menos de unas simples lesiones personales y corresponde más a un feminicidio en grado de tentativa”.
Las consecuencias para Vargas y su familia han sido devastadoras. “No hemos recibido respuesta de la Secretaría de la Mujer, ni de la Línea Púrpura, que supuestamente se iban a hacer cargo de todo”, afirmó Nicolás López en La FM.
El seguimiento institucional, según su testimonio, se resume en pocos mensajes y nula gestión efectiva, dejándolos desprotegidos pese a amenazas de muerte directas hacia ambos: “Ella está destrozada. En el día que se enteró de que este hombre había salido, la destrozó completamente, tanto a ella como a mí”, manifestó.
La respuesta judicial y de la Fiscalía recibió críticas contundentes, incluso por Francisco Barbosa, exfiscal general de la nación, que explicó en entrevista con La FM que el ente judicial debió solicitar de forma inmediata una orden de captura y activar mecanismos de protección previstos en el Código de Procedimiento Penal: “Debe existir un grupo especial contra delitos de feminicidio. No puede ocurrir que sea a través de los medios de comunicación el descubrir uno de estos casos que puede estar repitiéndose en diferentes lugares del territorio nacional”.
Cabe mencionar que la próxima audiencia de este caso está agendada para el 16 de enero de 2026, mientras que la víctima y su familia se mantienen bajo protección policial especial, pues el señalado agresor debe permanecer a una distancia mínima de 500 metros de la víctima.
Las exigencias de justicia por parte de la ciudadanía continúan, mientras que Wilson Sarria, identificado como el presunto agresor, continúa en libertad a pesar de reiterados incumplimientos de órdenes de alejamiento y numerosas denuncias.
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