Centro Democrático estalló contra el Gobierno Petro por denunciar a miembros de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia: “Es inaceptable”

El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, a quienes señala por presuntamente incentivar una intervención militar extranjera en Colombia.

El escrito de la denuncia advierte que los mensajes publicados por Cabal, Garrido y Hernández representan “exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”. La acusación se fundamenta en el supuesto incumplimiento del deber constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía nacional.

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Al argumentar su decisión, Idárraga sostuvo que la investidura otorgada por el Congreso no debe utilizarse como herramienta para legitimar “injerencias externas”. El ministro remarcó: “La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”.

En el contenido de la denuncia también se menciona la posible violación de los artículos del Código Penal que sancionan actos dirigidos a someter al país a dominio extranjero o debilitar la soberanía, y se hace referencia al delito de “menoscabo de la integridad nacional (artículo 455 C.P.)”. El documento enfatiza: “La instigación a la guerra tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas. Ambas figuras jurídicas protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares extranjeros en suelo colombiano”.

Las manifestaciones de los congresistas, según el titular de la cartera, superan los límites de la libertad de expresión al sugerir la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras y, de acuerdo con lo consignado en la denuncia, “no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”.

La respuesta del Centro Democrático al recurso legal interpuesto por el Gobierno Petro

En reacción a la querella presentada por Andrés Idárraga, ministro de Justicia, el Centro Democrático afirmó que estas acciones apoyadas por el Gobierno nacional de Gustavo Petro son un ataque directo a los miembros de la oposición. En efecto, señaló que estigmatiza y pone en riesgo la integridad de las figuras políticas del país.

“Nuevamente rechazamos la estigmatización permanente a los miembros de la oposición por parte del gobierno de Gustavo Petro”, puntualiza el comunicado.

A la par, la colectividad sostuvo que este tipo de denuncias atentan contra los derechos fundamentales y la democracia, ya que la oposición al Gobierno es fundamental para el sistema político.

“Es inaceptable que este gobierno siga pretendiendo judicializar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la oposición política”, según el Centro Democrático.

Así las cosas, expresó su apoyo y respaldo a la senadora María Fernanda Cabal; y recordó que estas acciones influyeron en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Todo nuestro respaldo a la senadora María Fernanda Cabal. Presidente Petro le recordamos que su permanente estigmatización y constante instigación a miembros de nuestro partido le costó la vida a Miguel Uribe Turbay”.

La congresista María Fernanda Cabal también se pronunció por la denuncia, asegurando: “El gobierno Petro quiere callarme usando el aparato judicial”.

Y agregó: “El delito de opinión no existe. Y cuando se amenaza la libertad de expresión de una congresista, se abre la puerta para perseguir a cualquier ciudadano por pensar distinto. Es un atentado contra la democracia y yo no me voy a callar”.