Mafe Cabal reaccionó a denuncia en su contra por “incentivar” una intervención de EE. UU.: “No existe el delito de opinión”

Algunos congresistas de partidos de la oposición fueron denunciados penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por haber recurrido a Estamos Unidos tratando de “incentivar” una intervención militar de su parte en Colombia. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, que también funge como secretario de Transparencia de la Presidencia, fue el responsable de denunciar a los legisladores y de dar a conocer sus acciones ante la opinión pública.

“Denuncia radicada y sin titubeos. Ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se presentó denuncia penal contra la Representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal por el presunto delito de Menoscabo de la Integridad Nacional”, precisó el funcionario en su cuenta de X.

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Aseguró que las acciones de los legisladores constituyen hechos de hostilidad que, además, no tiene ningún nexo con sus funciones en el Congreso, por lo que “rompe la inviolabilidad parlamentaria”. Por eso, advirtió que la autodeterminación de un país no es objeto de negociación y que la investidura congresional no debe ser tomada como una facultad para avalar las injerencias extranjeras.

“El Estado de Derecho se defiende, no se entrega. Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, señaló.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, rechazando de facto la denuncia interpuesta por el ministro encargado. De acuerdo con la congresista, la acción legal respondería a un intento del Gobierno de perjudicar a los políticos que expresan su opinión recurriendo a la censura. Sin embargo, aclaró que las leyes no penalizan la libertad de opinión.

“No existe el delito de opinión. Lo que estamos viendo es un intento más del gobierno Petro de silenciar a la oposición a través del aparato judicial”, indicó la senadora en su cuenta de X.

Afirmó que el sustentar la denuncia en el artículo 455 del Código Penal (Menoscabo de la integridad nacional) representa una amenaza directa a la libertad de expresión de la que gozan todas las personas, incluyendo los congresistas, y a la democracia. En ese sentido, indicó que las declaraciones de la oposición no deben ser tomadas como un crimen.

“Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno actual puede ser tratada como un delito. Hoy somos tres congresistas. Mañana, cualquiera que alce la voz”, aseguró la legisladora de derecha.

Otra denuncia contra tres congresistas por respaldar una intervención militar

Al igual que Idárraga, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, denunció penalmente a tres congresistas por haber respaldado una posible intervención o invasión de Colombia por parte del Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, así como la eventual captura del presidente Gustavo Petro.

La denuncia surgió días después de que la administración norteamericana bombardeara bases militares de Venezuela y capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan un proceso penal por delitos relacionados con el narcotráfico. Ese escenario no es ajeno a Colombia, toda vez que Trump advirtió que podría tomar acciones armadas en el territorio, con el fin de combatir el tráfico de estupefacientes.

Así las cosas, el jefe de la cartera denunció a Lina María Garrido, Miguel Polo Polo y Jota Pe Hernández, por hacer declaraciones a través de sus redes sociales y en otros espacios, en los que avalarían una intervención estadounidense. El ministro solicitó que se les investigue por los delitos de menoscabo de la integridad nacional y participación en hostilidades contra la patria.

“¡La patria no se vende!”, aseveró Antonio Sanguino en su cuenta de X.