El partido Comunes, dirigido por Rodrigo Londoño, conocido en su época insurgente como “Timochenko”, denunció la decisión de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de terminar los contratos de al menos 18 trabajadores vinculados como prestadores de servicios. Una determinación que consideró como una “vulneración de los derechos” de los firmantes del Acuerdo de Paz con el Estado colombiano.
De acuerdo con el comunicado emitido el 30 de diciembre de 2025, y que fue replicado por Londoño en sus redes sociales, la medida afecta a personas firmantes del mencionado proceso de negociación y responsabiliza directamente a Natalia Margarita Parada Garzón, que funge como subdirectora especializada, y a Augusto Rodríguez Ballesteros, director general de la UNP, como los responsables de la determinación que causó controversia.
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El comunicado señaló que las personas desvinculadas no recibieron una explicación que justifique la no renovación de sus contratos para 2026 y que no existieron incumplimientos ni llamados de atención previos. Según el partido Comunes, la única razón comunicada fue que las hojas de vida de los afectados habían sido presentadas y avaladas por la colectividad, procedimiento que —destaca— está incluido en la normativa vigente desde la creación de la Subdirección.
En el documento se expuso que la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección fue fundada como consecuencia del Acuerdo en 2017 para brindar garantías de seguridad y protección a los firmantes del acuerdo, sus familiares y los integrantes del partido Comunes. Del mismo modo, se recordó que el artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 299 de 2017 establece el aval de confianza otorgado para la contratación de los colaboradores de la Subdirección.
La dura queja de ‘Timochenko’ y Comunes contra la UNP
Con este contexto, el partido denunció que desde la designación de Parada Garzón como subdirectora se ha vulnerado este marco normativo, situación denunciada escenarios institucionales sin que se restablezcan las garantías acordadas. Así pues, la organización enfatizó a que resulta incomprensible que una dependencia creada para velar por la protección de los firmantes del Acuerdo termine, justamente, tomando decisiones que afectan sus derechos fundamentales.
“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo, con el aval de la dirección de la misma entidad, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que toman la decisión de prescindir de los servicios de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sinrazón alguna que lo justifique y ad portas de la entrada en vigencia de ley de garantías", se leyó en la misiva.
En efecto, el comunicado remarcó la falta de empatía por parte de las autoridades, ya que la terminación de contratos se produce poco antes de la entrada en vigor de la mencionda ley, lo que limita las posibilidades de encontrar nuevas alternativas y afecta directamente la estabilidad económica de las familias implicadas. Así pues, el partido exigió a las entidades responsables de la protección de los firmantes del acuerdo respetar el principio de confianza legítima.
Y también exigió que se garanticen los derechos y garantías laborales de las personas desvinculadas, así como el cumplimiento estricto del debido proceso en el contexto normativo que dio origen al programa de protección. “A los sindicatos, los invitamos a que acompañen a los compañeros y compañeras que le fueron finalizados sus contratos, solo el diálogo y la unión hace la fuerza”, reafirmó la organización política frente a estas determinaciones en la UNP.
La colectividad concluyó en su misiva que su prioridad permanece en la vigilancia y defensa de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, al afirmar que persistirá en la exigencia de cumplimiento, transparencia y respeto a lo pactado. Y atribuyó la responsabilidad política y administrativa de la situación a Rodríguez y Parada, “por la vulneración de las garantías fundamentales y labores de los trabajadores, trabajadoras, integrantes de partido comunes”.
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