El ministro de Interior, Armando Benedetti, confirmó en una entrevista con W Radio que los ministros del Gobierno de Gustavo Petro no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica.
Al respecto, el senador que convocó el debate para este 29 de diciembre de 2025, Carlos Fernando Motoa, calificó al Gobierno nacional como cobarde por la decisión.
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“Queda en evidencia la COBARDÍA del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la ‘consulta 2.0′, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político (sic)”, expresó Motoa.
El senador de Cambio Radical afirmó que no permitirá la ausencia de los funcionarios y anunció que insistirá ante la mesa directiva de la plenaria del Senado para que los ministros asistan y ofrezcan explicaciones sobre la declaración de emergencia económica.
“No lo voy a permitir. Insistiré ante la Mesa Directiva y la Plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta ‘emergencia’ económica. ¡Dejen de evadir y den los argumentos! (sic)“, aseveró Carlos Fernando Motoa.
El ministro Armando Benedetti justificó la ausencia de los ministros, porque, según el funcionario, el Congreso no respetó los tiempos que establece la ley y la Constitución
“Según el artículo 135, numeral 8 de la Constitución, tienen que darte 5 días para contestar el cuestionario. La citación da a los 3 días. Luego, por Constitución, no tendríamos por qué asistir hoy”, expresó el jefe de la cartera del Interior en entrevista con W Radio.
Benedetti expresó que el presidente del Senado, Lidio García, ya fue notificado, y que, según el ministro, García está de acuerdo con él.
“Se ha mandado una carta para decirles a los ministros que no vamos a ir porque no se han cumplido los cinco días del debate (…) Ayer hablé con el presidente Lidio García, él está de acuerdo conmigo en el tema”, puntualizó Armando Benedetti.
Qué podrá hacer el Gobierno durante la emergencia
El Gobierno nacional declaró una situación de crisis fiscal que rebasa los márgenes normales de administración financiera, según lo expresado en el decreto oficial.
El texto sostiene que el Estado enfrenta una incapacidad para garantizar plenamente ciertos derechos fundamentales y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales.
Este escenario, señala el documento, resulta del agravamiento de un déficit fiscal que ha alcanzado niveles considerados graves.
Uno de los elementos principales del decreto es la referencia a dos intentos previos de reforma tributaria, ambos promovidos por la actual administración. La primera iniciativa pretendía recaudar $12 billones y la segunda $16,3 billones, cifras que el Ejecutivo consideraba indispensables para la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, la falta de respaldo legislativo impidió la aprobación de estas medidas, lo que profundizó el desbalance en las cuentas públicas y llevó al Gobierno a apelar a las herramientas excepcionales previstas en la Constitución.
A partir de la declaración de emergencia, el Ejecutivo queda habilitado para dictar decretos legislativos orientados a afrontar la crisis y contener sus efectos. El texto del decreto establece principios generales para guiar las futuras decisiones tributarias. Se anticipa la aplicación de impuestos tanto directos como indirectos que recaigan sobre personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva.
También se contempla la creación de gravámenes destinados a corregir impactos negativos en áreas como el medio ambiente y la salud pública.
Aunque en días previos circularon borradores que sugerían medidas como aumentar el impuesto 4×1.000 al 5×1.000, aplicar IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o establecer un tributo a la extracción de combustibles fósiles, el Decreto 1390 no incluye de manera explícita ninguna de estas propuestas.
La decisión sobre su eventual implementación quedará sujeta a los decretos legislativos adicionales que el Ejecutivo pueda emitir durante el período de emergencia fiscal.
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