La empresaria Zulma Guzmán Castro habría implementado acciones para evitar su localización por parte de autoridades colombianas.
Según información publicada por El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación ya le asignó un abogado de oficio en el proceso que la vincula con el envenenamiento de dos menores con talio en Bogotá.
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El citado medio indicó que Guzmán Castro permanece bajo observación en un hospital universitario de Londres, donde se llevan a cabo procedimientos relacionados con su posible extradición.
El Tiempo señaló que las autoridades colombianas conocen el hospital universitario en el sur de Londres en el que Zulma Guzmán Castro estaría recluida.
La empresaria fue rescatada de aguas del río Támesis, en lo que se informó como un intento de suicidio, y se encuentra bajo la Ley de Salud Mental, en espera de una valoración clínica.
El proceso de extradición sigue su curso y, de acuerdo con la investigación de El Tiempo, el hospital cuenta con vigilancia adicional solicitada a pares británicos.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que Guzmán Castro tenía conocimiento del proceso penal en su contra por homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Según documentos citados por El Tiempo, existen elementos que la vinculan con el envío de talio oculto en frambuesas congeladas al apartamento de Juan De Bedout, economista y expareja de la empresaria. El incidente, ocurrido en abril pasado, habría dejado dos menores fallecidas y dos personas con secuelas médicas graves.
La fiscal Elsa Cristina Reyes, de la fiscalía 100 de la Unidad de Vida, señaló que, el 3 de abril de 2025, Guzmán Castro habría coordinado el envío de frambuesas contaminadas, utilizando nombres y correos electrónicos diferentes para contratar el servicio de mensajería. Esta versión fue proporcionada por fuentes de la Fiscalía a El Tiempo, tras la recolección de pruebas que la involucrarían directamente.
El citado medio expone que la empresaria comenzó a eliminar información en redes sociales y páginas web, lo que habría dificultado su localización. El mismo medio documentó que Guzmán Castro contactó a al menos dos abogados en Colombia para consultar por qué no podía obtener sus certificados de antecedentes judiciales, sin informar su ubicación real.
La Fiscalía argumentó que, tras no poder contactar a la empresaria, se le designó un abogado de oficio para que cuente con representación legal en el proceso de extradición y judicialización.
El expediente, al que accedió El Tiempo, señala que la empresaria habría usado identidades y empresas distintas para coordinar el envío de las frambuesas a la dirección donde vivía la familia De Bedout. Según la publicación, cuatro personas consumieron la fruta, dos de las cuales fallecieron y las otras dos presentan secuelas permanentes.
Investigadores citados por el medio detallaron que la empresaria estuvo primero en Mánchester y después se trasladó a Londres por vía terrestre, posiblemente para dificultar su localización.
La relación de Guzmán Castro con el caso también fue descrita por la relación extramatrimonial que sostuvo con De Bedout.
La Fiscalía sostiene que Guzmán Castro no ha reconocido su implicación y que sus declaraciones han sido contradictorias. La propia implicada argumentó que fue víctima de un montaje y que un amigo suyo consultó en la Fiscalía sobre su situación, algo que autoridades colombianas rechazan.
Según información recopilada por El Tiempo, en caso de condena, Guzmán Castro podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión por los cargos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.
Mientras Guzmán continúa hospitalizada y bajo custodia en Londres, los hilos que mueven su extradición siguen tensándose: pruebas ya entregadas, coordinación diplomática activa, alertas de seguridad y un tribunal británico a la espera de un dictamen médico.
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