Salario mínimo de 2026: por qué la “negociación se puso rara” antes de que el Gobierno Petro expida el aumento por decreto

El fracaso en la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 marca una coyuntura crítica para millones de trabajadores, empresarios y el Gobierno nacional. Con posiciones tan divergentes como el 16% de incremento exigido por los sindicatos y el 7,21% propuesto por los gremios empresariales, la falta de consenso sobre la remuneración, que en 2025 es de $1.423.500, situó al Gobierno en la necesidad de fijar el aumento por decreto durante los últimos días de diciembre.

Dicho proceso ocurre en un un momento en alta inflación anual (5,51%, según el Dane) y una tasa de desempleo del 8,2%, cifras que fundamentaron las posturas de los sectores pero que no evitaron el estancamiento de la negociación salarial.

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La única claridad que hay al respecto es que el Gobierno expedirá por medio de decreto la subida el 29 o 30 de diciembre, según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, teniendo en cuenta que sería salario móvil vital que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

No obstante, siguen habiendo dudas frente al mismo y más cuando expertos como el exministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera pusieron en duda la forma en que se dio. El exfuncionario afirmó a Infobae Colombia que “por primera vez uno siente que hubo mucha interferencia dentro de las negociaciones normales. Señaló que el proceso de este año se vio alterado por factores políticos inéditos. Por ejemplo, criticó que se vio “un gobierno que quiere interferir en las elecciones del próximo año y, por lo tanto, sus decisiones o las decisiones que va a tomar en los próximos días apunta con ese tema político. Eso no había ocurrido anteriormente”.

Negociación del aumento del salario mínimo se puso “rara”

De igual forma, criticó la participación de funcionarios, ajenos al Ministerio del Trabajo, que intervinieron en la mesa. “Hubo otros funcionarios opinando, como el caso del ministro del Interior (Armando Benedetti) dando cifras, colocando elementos y demás. Entonces, en ese sentido, la negociación se puso un poquito rara”. La ausencia de figuras clave —como el presidente de Fenalco, Jaime Cabal — se sumó a una polarización extrema en las propuestas: “Uno pidiendo 16% y la otra parte pidiendo 7% u 8% máximo. Entonces, el ambiente se pone prácticamente: ‘señor presidente, hágalo por decreto’. Eso es lo que observo en esta primera etapa”.

Implicaciones en las pensiones

Consultado sobre los efectos inmediatos que puede acarrear el alza del salario por decreto, alertó que cuando los temas técnicos, la base técnica con la cual se discute un salario mínimo se empieza a desconocer, eso debe repercutir de una manera en todos los temas macroeconómicos del país. Destacó que incrementos en el salario mínimo activan efectos automáticos en rubros como peajes o salud.

Asimismo, llamó la atención sobre el impacto fiscal directo. Insistió en que “hay un tema que no se ha tocado, que es el incremento de las pensiones mínimas a cargo del Estado colombiano por parte de Colpensiones. Si usted sube 2, 3 o 4 dígitos, usted tiene que tener el respaldo presupuestal para cumplir con ese tema pensional”.

Para el exministro, la repercusión sobre la inflación dependerá tanto del porcentaje escogido finalmente por el Gobierno como del manejo macroeconómico en los meses próximos. Puntualizó que “es posible que se afecte. Depende el porcentaje que tome definitivamente el Gobierno. Eso va a repercutir un poco. Depende también el manejo macroeconómico que alcance a hacer el Gobierno estos seis o siete meses”.

Rol y límites del salario mínimo vital

El concepto defendido por sectores del Gobierno de un salario mínimo vital guiado por los criterios de la OIT es, para el exfuncionario, un asunto de interpretación. “No es que dispone la OIT. La OIT da unos parámetros. En primer lugar, dice la OIT que ‘se debe conservar el salario de los trabajadores, debe mirarse que no sea afectado por la inflación el próximo año’. Para tal efecto, entonces, se mira la productividad, se mira la inflación esperada y con base en esos temas técnicos y unos puntos políticamente que siempre se hace, se debe tomar la decisión”.

Cabrera recalcó que la organización insiste en la necesidad de un diálogo entre todas las partes. “La OIT dice ‘diálogo tripartito’. No es imponer un criterio de un solo lado”. Remarcó que las cifras de $3.000.000, $4.000.000 o $5.000.000 para el salario mínimo, atribuidas al estándar OIT, carecen de viabilidad financiera. “Eso suena muy bonito, pero ¿quién los paga? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir”.

Dijo también que defiende que la mesa debería centrarse “en cómo son los salarios en Colombia, cómo se pueden mejorar, cómo mejoramos la productividad”, en vez de ser simplemente un escenario para fijar porcentajes de incremento.

Cifras propuestas y rangos de aumento

Y es que el debate en la mesa de concertación estuvo marcado por propuestas de alto contraste. Por ejemplo, los sindicatos y el ministro Sanguino habían hablado de $1.800.000. Incluso, se habló de hasta $3.000.000. Frente a esto, Ángel Custodio Cabrera considera poco realistas esos valores, en especial, por la presión que ejercen sobre las pequeñas y medianas empresas.

“A veces se dan cualquier cifra simplemente por un auditorio, este, pensando en las elecciones del mes de marzo. Es un poco irresponsable hablar así, pero yo creo que lo más importante es pensar”, agregó.

Protección del poder de compra

Resaltó que quienes defienden los derechos laborales deben priorizar la protección del poder de compra. Por ello, un sector dice que se suba 7% u 8%, ya que se cree que con ese valor, supuestamente, se conserva el poder adquisitivo de los trabajadores, pero añadió que ahí viene otro tema ideológico que es que no alcanza y por eso no debe subir.

Además, Cabrera habló de la incidencia real del salario mínimo en la estructura empresarial. Indicó que las grandes empresas pagan más de un salario mínimo. Por lo tanto, los que se ven afectados son las pequeñas y medianas empresas. Precisó que un aumento del 10% representa unos $140.000 adicionales y que un salto a $1.800.000 equivale a alzas del 15% o 20%. Entonces, “eso no es posible”.

Según su experiencia, la decisión final del Gobierno probablemente oscilará entre ambos extremos: “El Gobierno habla de dos dígitos, en lo que la experiencia nuestra, ¿qué nos dice? Que políticamente lo van a colocar entre 10% y 11%, que equivale a más de $160.000”, anticipó el exministro.

Análisis sobre informalidad y empleo formal

Ante los argumentos oficiales de que la economía colombiana mejoró y que eso justifica la subida, Cabrera señaló un problema de fondo: la informalidad, que es el número de personas que no están dentro del sistema de seguridad social. “Y ahí lo más peligroso que este Gobierno no ha querido reconocer es la informalidad. Cuando yo entregué el cargo hace cuatro años, que fui el ministro de la pandemia, donde la tasa de desempleo fue la más alta de la historia del país a un 25%, nosotros la entregamos en 11%. La informalidad, nosotros la recibimos en un 60% y la entregamos en un 55%. En estos tres años, casi cuatro ya, la informalidad subió al 58%”.

Explicó que el crecimiento aparente en el empleo está más ligado a la informalidad. Aclaró que cuando el Dane dice que la tasa de empleo creció, sí lo hizo, pero en la informalidad, no en la formalidad.

Cabrera citó datos de la entidad estadística según los cuales el número de personas que cotizan un salario mínimo se redujo un 17%, lo que afectó también a quienes devengan entre uno y dos salarios mínimos. “Cuando usted no puede pagar ya valor de salario mínimo tan alto o costos laborales tan altos, entonces la gente se pasa a la informalidad”, advirtió.

Costos laborales adicionales y reforma reciente

A su vez, el exministro alertó sobre el efecto añadido de los nuevos recargos y normativas laborales: “Ya arrancó el incremento de los recargos nocturnos al 35%. De igual manera, los dominicales. Esos son costos laborales. Estas disposiciones, junto a la reducción de la jornada laboral a 42 horas a partir de 2026, según la Ley 2101 de 2021, elevarán el costo para los sectores de gastronomía, entretenimiento y otros”. Al respecto, dijo que terminando enero de 2026 se reflejará lo que pase en diciembre.

Dentro de sus conclusiones, el exministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera insistió en que la discusión debe centrarse en criterios técnicos y cuidar la sostenibilidad: “Que lo ideológico y lo político no debe marcar la pauta con los temas macroeconómicos en el mercado laboral”, finalizó