
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado una indagación preliminar sobre la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá, después de que Claudia Patricia Calao González, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante María del Mar Pizarro, solicitara ante el organismo la revocatoria de la inscripción del listado.
En la denuncia radicada ante el organismo electoral, la denunciante argumenta que se violaron los acuerdos internos al conformar la lista, lo que pone en riesgo la permanencia de la coalición oficialista en la capital colombiana.
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La solicitud formal, radicada el 15 de diciembre de 2025, denuncia el incumplimiento del acuerdo que fijaba que la lista debía organizarse en estricto orden descendente de votación individual tras la consulta interpartidista realizada el 26 de octubre de ese año.
Según el CNE, la queja principal señala una alteración en el orden de los primeros puestos respecto a los resultados obtenidos en la consulta interna. La inconformidad se avivó tras la inscripción oficial de la lista, pese a intentos previos por superar la controversia.

La magistrada Maritza Martínez, del Partido de la U, asumió el caso. Según informó W Radio, la funcionaria ordenó la práctica de pruebas para determinar si procede la revocatoria o modificación de la lista antes de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026. El proceso solicita la entrega de documentos, acuerdos internos y formularios de inscripción, además de las respuestas de los partidos involucrados.
Qué dice la demanda
La acción presentada por Claudia Calao se fundamenta en la supuesta transgresión del acuerdo que estipulaba ordenar la lista solo por cantidad de votos, resguardando la alternancia de género, pero sin modificar el resultado de la voluntad popular.
En criterio de la peticionaria, el uso del mecanismo conocido como lista cremallera —que alterna candidatos de diferente género— desplazó a mujeres con mayor votación a posiciones menos favorables, dándole prioridad a aspirantes con menor respaldo ciudadano.
“La conformación de la lista debía obedecer al orden descendente de votación individual, garantizando los principios de paridad y alternancia de género, sin alterar el orden de prelación definido por el voto popular”, se lee en el documento.
Así, la demanda sostiene que las acciones afirmativas en materia de paridad no deben revertir el sentido del resultado democrático ni contradecir la decisión de los electores.
“Se evidencia que el orden definitivo de los renglones iniciales de la lista inscrita no correspondería estrictamente al resultado de la consulta, particularmente en lo que respecta a la ubicación relativa de algunas candidaturas que obtuvieron mayor respaldo ciudadano frente a otras con menor votación, lo cual, en criterio de la peticionaria, constituiría una alteración del resultado democrático y de lo pactado por la propia coalición”, argumenta Calao en la demanda.
En la consulta interna realizada el 26 de octubre de 2025, la actual representante a la Cámara María Fernanda Carrascal alcanzó la mayor votación con 65.547 sufragios, seguida por la creadora de contenido Laura Beltrán, conocida popularmente como Lalis, que obtuvo 26.718 votos y la congresista María del Mar Pizarro que alcanzó 26.022 votos.

Posteriormente, se ubicaron Daniel Monroy (20.280 votos), Heráclito Landínez (11.788 votos) y Claudia Teresa Romero (11.322 votos).
Sin embargo, la aplicación de la lista cremallera modificó ese orden y ubicó a Monroy en el segundo puesto y a Landínez en el cuarto, relegando a Beltrán al tercero y a Pizarro al quinto lugar, respectivamente.
Esta reconfiguración desató nuevas disputas internas y alegatos sobre la desventaja para las candidatas con mayor número de votos. Según El Espectador, desde el equipo de Pizarro alertaron que la alteración en su ubicación pone en riesgo la obtención del escaño, dada la proyección de resultados para el Pacto Histórico en Bogotá.
La controversia ha provocado una fractura interna en el Pacto Histórico, generando posturas divergentes acerca de la validez y pertinencia de la lista cremallera.

Mientras que Carrascal defendió la alternancia de género y su instauración no solo en el Pacto Histórico, sino en todos los partidos políticos, figuras como el influencer Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally, cuestionaron lo que consideran una “inclusión forzada” de mujeres y plantearon que ese esquema debería ser moderado en futuras elecciones.
“En la consulta hubo 1.644.886 votos por candidatos hombres y 637.153 votos por mujeres. Y no hay duda de que esta diferencia es producto de roles y estructuras patriarcales que afectan negativamente la participación política de las mujeres”, había expresado Carrascal en su momento a los medios de comunicación.
Mientras tanto, Monroy ha solicitado mantener el criterio de alternancia, ya aplicado en la lista al Senado, lo que evidencia el conflicto entre los mecanismos para garantizar la representación de género y el respeto al mandato derivado de la consulta. Por el momento, María del Mar Pizarro no se ha pronunciado frente a los hechos.
La apertura de la investigación en el CNE abre la puerta a la modificación o revocatoria de la lista, lo que podría incluso dejar al Pacto Histórico sin representación en la Cámara por Bogotá.

En caso de que la demanda resulta exitosa, generaría un precedente a nivel nacional que impactaría la conformación de listas en otras circunscripciones y acentuaría el debate sobre democracia interna, acciones afirmativas y el diseño de mecanismos electorales.
Este caso revela los desafíos que enfrenta la democracia interna en los partidos políticos colombianos y la complejidad de conciliar normativas de paridad de género con el respeto a la voluntad electoral.
La decisión del CNE será determinante tanto para la configuración de la Cámara de Representantes por Bogotá como para el rumbo futuro de la representación y la equidad de género en la política colombiana.
El creciente protagonismo de las mujeres en la política plantea un escenario hacia el que, en el futuro, la igualdad se adopte de forma natural, sin la necesidad de intervenciones específicas en las listas electorales.
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