El país se alista para recibir el 2026 y, con el nuevo año, también se avecinan nuevos retos para el Gobierno Petro que empieza a vivir su ocaso en medio de un déficit fiscal sin precedentes, la desfinanciación del presupuesto nacional y una emisión histórica de deuda pública, todo bajo la reciente declaratoria de emergencia económica.
La combinación de estos factores ha generado un intenso debate sobre la legalidad y efectividad de las medidas extraordinarias adoptadas, mientras persiste una fuerte incertidumbre institucional y política ante la cercanía de las próximas elecciones presidenciales.
Panorama fiscal actual y causas del déficit fiscal
Las finanzas públicas atraviesan un periodo de alto riesgo. El gobierno de Gustavo Petro arrastra una gran deuda derivada de los gastos extraordinarios durante la pandemia. Sin embargo, lejos de ajustar el gasto, la actual administración implementó un conjunto de políticas sociales expansivas que incrementaron aún más las obligaciones del Estado.
La apuesta inicial pasaba por fortalecer el recaudo con una reforma tributaria en 2023, cuyos resultados distaron de lograr el objetivo. Por el contrario, el adelanto de impuestos del 2024, medida tomada por el gobierno anterior, terminó agravando la situación en los años siguientes.
Para finales de 2024, el déficit fiscal había escalado hasta el 6,7% del PIB, una cifra considerada alta según los estándares recientes del país. Al eliminar la restricción que imponía la regla fiscal, el Ejecutivo proyectó para 2025 un desequilibrio aún mayor: 7,1% del PIB, comparable únicamente con los peores momentos vividos durante la pandemia. Este escenario adverso sentó las bases para una búsqueda urgente de nuevas fuentes de financiación y la propuesta de una reforma tributaria de emergencia.
Medidas adoptadas: emergencia económica, emisión de deuda y reforma tributaria
Ante la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos y la caída posterior de un proyecto más ambicioso de 26 billones, el Gobierno consideró crítica la situación del presupuesto de 2026 —estimado inicialmente en 557 billones de pesos, aunque finalmente aprobado por el Legislativo en 547,9 billones—. La reforma tributaria, reducida a 16,3 billones, tampoco prosperó en el Congreso.
En respuesta, el ministro de Hacienda Germán Ávila calificó la postura legislativa como una “trampa” para el país y, el 19 de diciembre, anunció la declaración de emergencia económica. El decreto 1390, oficializado el 22 de diciembre, tiene como propósito cubrir los 16,3 billones de pesos no recaudados tras el fracaso de la reforma.
Entre las medidas propuestas bajo este estado de excepción figuran tres nuevos impuestos: la reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 a 2.000 millones de pesos, fijando tarifas entre 0,5% y 5% del patrimonio y esperando recaudar 1,7 billones en 2026; la reactivación del esquema de normalización de activos, con un potencial ingreso de 613.600 millones; y un incremento en la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero del 5% al 15%, con el objetivo de sumar 1,2 billones más.
El estrechamiento de la liquidez llevó al Ministerio de Hacienda a ejecutar el 19 de diciembre una operación sin precedentes: la emisión de TES (títulos de tesorería) por 23 billones de pesos, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13%. Esta venta directa a la gestora internacional Pimco despertó inquietudes en el sector financiero, principalmente por la falta de transparencia en los términos de la operación y el costo a futuro para la economía colombiana.
Críticas y controversias sobre la emergencia económica y la deuda pública
La declaratoria de emergencia económica encontró una oposición sólida entre exministros de Hacienda, constitucionalistas y analistas. Entre los reparos, se argumenta que la crisis fiscal no constituye un hecho sobreviniente ni un agravamiento inesperado, condiciones necesarias para justificar la aplicación de poderes excepcionales. Las objeciones sostienen que el déficit y los problemas presupuestales eran previsibles y respondían a factores estructurales conocidos.
Algunos expertos jurídicos señalaron el riesgo de una acumulación de razones injustificadas por parte del Ejecutivo para recurrir al artículo 215 de la Constitución. Adicionalmente, instituciones como la Contraloría General advirtieron la necesidad de un enfoque más austero y responsable en el manejo del gasto público, sugiriendo que la única opción viable ante la negativa legislativa es un recorte del gasto.
“Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”, señaló Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas, en diálogo con Cambio.
La operación de TES generó suspicacias, al realizarse de forma directa y a tasas superiores a las del mercado previo. Analistas del sector financiero alertaron sobre el incremento del costo de la deuda y la ausencia de restricciones de gasto por parte del Gobierno, eludiendo los límites tradicionales impuestos por la regla fiscal.
La vacancia anual de la Corte Constitucional, que se extiende hasta el 10 de enero, agrava el clima de incertidumbre, ya que pospone toda revisión judicial de los decretos relacionados con la emergencia económica y, con ello, la definición de la validez legal de las nuevas medidas tributarias.
Implicaciones políticas y riesgos institucionales hacia 2026
La proximidad electoral y la imposibilidad de implementar recortes de gastos en el último año de mandato han llevado al Gobierno a soluciones temporales más que definitivas.
La postergación de la revisión jurídica de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional siembra dudas sobre la aplicación de las reformas tributarias y deja abierto el desenlace de la estrategia adoptada para enfrentar el déficit fiscal.
Por ello, el actual gobierno transfiere el peso de resolver los desafíos fiscales estructurales al próximo gabinete presidencial, que asumirá el 7 de agosto de 2026 en un entorno protagonizado por fuertes presiones económicas y políticas.
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