Directora del Icbf denunció el hurto de su computador de trabajo y advierte posible intimidación por investigaciones en curso: “A robar a otro lado”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, denunció públicamente el robo de su computador institucional y otros objetos personales de su vivienda, un hecho que, por las características del hurto, ha despertado inquietudes sobre un posible intento de intimidación relacionado con procesos de control y denuncias por presunta corrupción.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria relató que el hecho ocurrió durante la noche, cuando personas desconocidas ingresaron a su casa.

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Según explicó, los objetos sustraídos fueron únicamente su portátil de trabajo y dos instrumentos musicales de sus hijos, sin que se llevaran otros elementos de valor.

“Anoche entraron a mi casa a ‘robar’, solo sacaron el portátil del trabajo y dos instrumentos de música de mis hijos, al parecer no se llevaron nada más”, escribió Cáceres, subrayando lo inusual del hecho, dado que no se registraron daños mayores ni la sustracción de otros bienes.

La selección de los objetos hurtados llevó a la directora del Icbf a plantear la posibilidad de que el incidente no se tratara de un robo común, sino de un mensaje dirigido a su labor como cabeza de la entidad encargada de la protección de la niñez en Colombia.

En ese sentido, Cáceres sugirió que el hecho podría estar relacionado con revisiones exhaustivas a procesos de contratación y con investigaciones en curso en distintas regiones del país, entre ellas el departamento del Atlántico.

“Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver con nosotros”, afirmó, dejando claro que su equipo no cederá ante eventuales presiones.

La funcionaria aprovechó el pronunciamiento para reiterar la política de transparencia y denuncia que, según dijo, rige al interior del Icbf. También destacó que cualquier información relacionada con posibles delitos es reportada de manera inmediata a las autoridades competentes.

“Toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía. Es nuestro deber y nuestro derecho reportar lo que hallamos y así seguirá; nadie en mi entidad puede reservar información que debe ser reportada inmediatamente a entes de control y seguir la ruta anticorrupción que tenemos”, señaló Cáceres, enfatizando el compromiso institucional con la legalidad.

Asimismo, hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas por la entidad durante el año. “Esperamos que la Fiscalía avance en todas las denuncias que hemos puesto este año”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el robo ni sobre si existen indicios que permitan establecer una relación directa entre el hecho y las investigaciones mencionadas por la directora del Icbf.

Tampoco se ha confirmado si el computador sustraído contenía información sensible o si esta se encontraba protegida mediante sistemas de seguridad institucional.

Este episodio se produce en un contexto especialmente sensible para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en los últimos días ha estado en el centro de la atención pública tanto por situaciones de seguridad institucional como por hechos que comprometen directamente la protección de menores bajo su custodia.

El reciente incendio en una de sus sedes en Bogotá y la posterior fuga de adolescentes evidencian los retos operativos y de control que enfrenta la entidad en escenarios de alta complejidad.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el origen del incendio y dar con el paradero de los adolescentes que salieron del centro sin autorización, también se mantiene la expectativa sobre el avance de las indagaciones relacionadas con las denuncias elevadas por la dirección de la entidad ante los organismos de control.

Desde el Icbf han insistido en que estos hechos no alterarán su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, ni con la ruta anticorrupción que rige sus actuaciones administrativas.