La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) rechazó la posible decisión del Gobierno nacional de incrementar los impuestos a los licores mediante el decreto de emergencia económica, advirtiendo que esta medida podría impactar negativamente el empleo formal y la estabilidad de la economía nocturna.
El gremio subrayó que la economía nocturna genera cerca de 1,6 millones de empleos directos e indirectos y sostiene actividades vinculadas con el turismo, la oferta cultural y la gastronomía en diferentes regiones.
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Según Asobares, cualquier incremento tributario profundizaría las dificultades, ya que los bares, discotecas, gastrobares y restaurantes siguen atravesando problemas derivados de la pandemia por covid-19, elevados costos laborales y de arrendamiento, además del impacto de recientes reformas que incrementaron sus gastos operativos.
En efecto, la asociación sostuvo que aumentar los gravámenes al licor no necesariamente garantizaría mayor recaudo para el Estado; por el contrario, alertó sobre el riesgo de una posible caída en las ventas legales y el estímulo del contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas. Además, advirtió que la pérdida de miles de puestos de trabajo podría afectar principalmente a jóvenes y mujeres, que representan una proporción considerable de la fuerza laboral del sector.
Por lo tanto, llamó al Ejecutivo a reconsiderar el proyecto y propuso abrir espacios de diálogo con los actores productivos para analizar alternativas que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas, sin perjudicar el empleo formal y evitar el incentivo de la economía ilegal.
El rechazo de otros gremios a la emergencia económica de Petro
Entre las críticas más contundentes contra la emergencia económica que impulsa el Gobierno Petro figura la de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cuyo presidente Bruce Mac Master objetó duramente la decisión. Según dijo Mac Master, la principal consecuencia será que “el regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”.
A propósito, el líder gremial cuestionó que “ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla”, y afirmó que esta situación “configura un caso flagrante de abuso del derecho por parte de los funcionarios del Gobierno nacional que lo configuraron”.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también rechazó el sustento del decreto, señalando la carga que representa para los ciudadanos. En su pronunciamiento, el gremio sostuvo: “Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo”. Adicionalmente, Fenalco señaló que “el bolsillo de los colombianos no aguanta más”, y advirtió sobre el riesgo de que la expedición de esta medida durante la vacancia judicial “imposibilitaría el control judicial oportuno”
Para la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el uso del mecanismo extraordinario carece de justificación constitucional, ya que la crisis fiscal “no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas”. El gremio alertó, además, que la emergencia introduce “incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas”, afectando así la confianza para la inversión, la planeación de proyectos y la generación de empleo dentro del sector.
Bajo la misma línea, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los principales sectores productivos del país, expresó una “profunda preocupación” por el Decreto 1390. En ese sentido, señaló que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica”, al tratarse de una situación fiscal previsible. Solicitó a la Corte Constitucional que pueda analizar de manera excepcional la suspensión provisional del decreto para evitar “perjuicios irremediables a la economía”.
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