Una semana después de que el país conociera sobre la libertad condicional de uno de los mayores contratistas del Estado, que derivó en graves hechos de corrupción por malversación de recursos públicos, la Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe para recuperar los dineros desviados.
De hecho, en la mañana del lunes 22 de diciembre el proceso judicial sobre el contrato estatal del proyecto Centros Poblados ha dado un nuevo giro luego de que el ente investigador ordenara el embargo de 23 bienes que superarían los 65.900 millones de pesos en valor, distribuidos en distintos departamentos, entre ellos, Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
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Estas propiedades corresponden tanto a inmuebles urbanos y rurales, como a parqueaderos, establecimientos comerciales y activos societarios que formarían parte del patrimonio de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos familiares, señalados por su vinculación a las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados.
La decisión de imponer medidas cautelares recae sobre bienes que, según los elementos materiales probatorios recopilados por el ente investigador, habrían sido adquiridos con recursos producto de maniobras ilícitas identificadas durante el proceso contractual y con parte del anticipo transferido irregularmente a la citada unión temporal.
Estas investigaciones vinculan de manera directa la adquisición de los mencionados activos con la desviación de fondos públicos destinados al proyecto, que tenía como meta la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos colombianos.
Sumado a lo anterior, un inmueble vinculado a la exministra de las TIC Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe también fue objeto de medidas cautelares. Esta acción responde, de acuerdo con la Fiscalía, a las decisiones de responsabilidad fiscal previamente adoptadas por la Contraloría General de la República.
El organismo judicial aclaró que las medidas, aplicadas por un fiscal especializado en extinción de dominio, tienen carácter exclusivamente jurídico y buscan resguardar y posibilitar la recuperación de los dineros públicos involucrados en la ejecución irregular del contrato.
La entidad explicó que la actuación se sustenta en “las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados”.
La Fiscalía destacó que estas medidas persiguen la finalidad de proteger el patrimonio estatal y garantizar la reposición de las sumas comprometidas en una iniciativa orientada a mejorar el acceso a internet en las zonas rurales del país, proyecto que resultó gravemente afectado por las conductas investigadas.
Apenas el 21 de diciembre, Emilio Tapiafue visto en Barranquilla tras recuperar la libertad condicional, lo que generó una fuerte reacción pública. El empresario, acompañado de su esposa, Saray Robayo, representante a la Cámara por el Partido de la U, se desplazaba por la ciudad bajo un estricto esquema de seguridad, con al menos dos escoltas de la Policía y tres camionetas blindadas, según reportó Caracol Radio.
La presencia de Tapia en espacios públicos reavivó el debate sobre la eficacia del sistema judicial colombiano, especialmente por su historial en casos de corrupción de alto perfil. En el pasado, el contratista fue condenado por delitos como cohecho, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado, relacionados con el llamado “carrusel de la contratación” durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá.
Por su colaboración con la justicia, recibió penas reducidas, mientras la Fiscalía identificaba bienes ocultos por más de $41.000 millones. La exfiscal y actual candidata al Senado por el Frente Amplio, Angélica Monsalve, criticó duramente la situación a través de su cuenta en X.
“El hampón pesos pesados, libre, con escoltas y de compras, acompañado de la representante @sarayrbechara con los 70 mil millones de pesos que se nos robó, y que el débil y genuflexo Estado colombiano, no hizo nada para quitárselos, por el contrario, la justicia colombiana ayudando al delincuente de cuello blanco a que se saliera con las suyas”, escribió la abogada.
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