La audiencia judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, avanzó esta semana con un giro en el enfoque del debate: la defensa aseguró contar con elementos que apuntan a un presunto tráfico de influencias ejercido por Daysuris del Carmen Vásquez Castro, expareja del exdiputado, con una exgobernadora del Atlántico, en el marco de la adjudicación de contratos destinados a programas de atención a adultos mayores.
El proceso, que se adelanta ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla y ya completa cuatro jornadas, investiga la presunta apropiación irregular de $111 millones entre 2021 y 2022, recursos que —según la Fiscalía— habrían sido desviados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
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La Fiscalía solicita medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro, mientras que la Procuraduría se opuso al considerar que no representa peligro para la comunidad ni riesgo de obstrucción a la justicia.
Durante la más reciente sesión, celebrada el 15 de diciembre, el abogado defensor Alejandro Carranza insistió en que los elementos presentados por el ente acusador no solo no vinculan directamente a su cliente con Fucoso, sino que, por el contrario, evidencian una posible injerencia de terceros en el direccionamiento de los contratos.
Carranza sostuvo que existen pruebas que comprometerían a Daysuris Vásquez en gestiones directas ante la entonces gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, sin participación de Nicolás Petro.
“La Fiscalía pretende construir una inferencia en contra de Nicolás Petro con elementos que no lo señalan a él, sino a otras personas”, afirmó Carranza, quien recalcó que en los chats, testimonios y documentos allegados al expediente no hay rastro de reuniones, instrucciones, control o interacción del exdiputado con la Fundación Fucoso ni con su representante legal, Gustavo de la Ossa.
Según la defensa, las comunicaciones que obran en poder del ente acusador evidenciarían acercamientos y gestiones realizadas por Daysuris Vásquez con funcionarios del departamento.
Uno de los puntos centrales del alegato fue el rol de la propia Vásquez, considerada testigo clave del caso y beneficiaria de un principio de oportunidad.
Carranza recordó que ella misma declaró ante la Fiscalía que no tuvo contrato con la Gobernación del Atlántico, que no conocía personalmente a Gustavo de la Ossa y que su participación se limitó a apoyar actividades del proyecto del adulto mayor.
Para la defensa, esa versión resulta incompatible con la tesis de la Fiscalía de que Nicolás Petro habría sido el beneficiario o articulador del supuesto desvío de recursos.
El abogado también cuestionó que no exista prueba directa de que Nicolás Petro hubiera recibido los dineros investigados.
“No hay registros bancarios ni testimonios de personas que hayan visto que esos recursos llegaron a manos de Nicolás Petro. Lo que hay es una interpretación de la Fiscalía basada en chats de una persona beneficiada con un principio de oportunidad”, señaló, al tiempo que puso en duda la credibilidad de esa evidencia por los beneficios judiciales obtenidos.
En contraste, la fiscal del caso, Lucy Laborde, sostuvo que la exgobernadora Elsa Noguera tuvo conocimiento pleno de los intereses de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez en relación con los contratos otorgados a Fucoso.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría ejercido influencia sobre la mandataria departamental valiéndose de su expareja, y en esa dinámica también habrían participado otros actores como el exsecretario general de la Gobernación, Raúl Lacouture, y el senador Pedro Name, este último mencionado en el expediente por presuntos vínculos políticos con el proceso contractual.
La defensa, sin embargo, rechazó esa lectura y planteó que, de existir tráfico de influencias, este no provendría de Nicolás Petro.
Carranza apuntó a relaciones políticas previas entre otros actores del departamento y sugirió que cualquier eventual direccionamiento contractual se habría dado por fuera del control o la injerencia del exdiputado, quien —según su versión— no tenía competencia ni poder decisorio sobre la contratación de la Gobernación del Atlántico.
Otro de los reparos planteados por la defensa fue la inclusión de presuntos delitos tributarios en el expediente.
Carranza alegó que la Fiscalía carecería de legitimidad para investigarlos, al tratarse de conductas cuya persecución penal debe ser impulsada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y cuestionó que no se hubieran aportado actuaciones formales de esa entidad al proceso.
Mientras la Fiscalía insiste en la necesidad de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la Procuraduría consideró que Nicolás Petro no representa riesgo procesal. El delegado Henry Bustos afirmó que no se evidencian razones para presumir obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad o riesgo de fuga.
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