El Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería y su viceministro Mauricio Jaramillo, solicitó formalmente a Venezuela que garantice condiciones humanitarias para los colombianos detenidos en cárceles venezolanas, tras denuncias de malos tratos, violaciones al debido proceso e incomunicación.
Esta petición se produce en medio de tensiones diplomáticas y después de la suspensión de la liberación de decenas de connacionales.
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La Cancillería colombiana, encabezada por Jaramillo, presentó a las autoridades venezolanas una propuesta de guía humanitaria para los colombianos privados de la libertad.
“Hemos hecho llegar a Venezuela una propuesta de guía humanitaria para que estas personas puedan tener una comunicación constante, pueda haber una verificación sobre sus condiciones de detención y estamos a la espera de la respuesta de las autoridades venezolanas”, declaró el viceministro en entrevista con La FM.
El funcionario insistió en que la protección de los derechos de los colombianos en el exterior es una prioridad y que la Cancillería mantiene comunicación permanente con las familias afectadas.
El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, reiteró que el Gobierno colombiano continuará insistiendo en el respeto de los derechos procesales de los detenidos y acompañará los procesos de liberación, en el marco de los canales diplomáticos existentes.
Rengifo reconoció la dificultad de las gestiones y la falta de respuestas por parte de las autoridades venezolanas, en diálogos con El Tiempo.
Las detenciones de ciudadanos colombianos en Venezuela aumentaron tras las elecciones presidenciales de 2024, con acusaciones de terrorismo, conspiración y otros delitos.
Para el 14 de diciembre, al menos 20 personas, según la mesa de trabajo de familiares de colombianos detenidos en Venezuela, permanecen detenidos por razones políticas, aunque las cifras varían entre las fuentes y las autoridades no han entregado un número preciso.
Familiares y organizaciones internacionales han denunciado que los detenidos enfrentan incomunicación, hacinamiento, insalubridad y ausencia de acceso a abogados o expedientes judiciales.
Doris Barajas, tía de uno de los detenidos, relató al mencionado medio que su familiar permaneció cinco meses sin contacto alguno y que las comunicaciones posteriores han sido breves y vigiladas.
En algunos casos, como el de Brandon Josué Castaño Ocampo, la condena ya se cumplió, pero la excarcelación no se ha materializado por falta de documentos judiciales.
La ONU, por medio del alto comisionado Volker Türk, ha calificado varias de estas detenciones como arbitrarias, al no existir procesos abiertos revisables.
“Insto a la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico... Desde julio, mi oficina ha comentado la detención de al menos 17 personas, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares”, afirmó Türk.
Los relatos de exdetenidos y familiares ilustran las condiciones extremas en las cárceles venezolanas. Amín Abelino, liberado el 24 de octubre de 2024, contó a La FM que fue detenido por la Armada venezolana y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pese a no portar ningún objeto ilícito. “Me detuvieron, me revisaron la maleta y no encontraron nada. Yo no llevaba ni un cortaúñas”, afirmó.
Abelino denunció que pasó 36 horas sin comida ni agua, con la cara encintada y sometido a maltratos físicos.
Pedro Rojas, también liberado, relató que fue acusado de terrorismo y obligado a comer en condiciones insalubres: “Se come en una letrina, se huelen las heces de todo el penal. Es horrible”. Otros testimonios recogidos por El Tiempo describen interrogatorios prolongados, amenazas y la obligación de escuchar discursos políticos en prisión.
Familiares como Víctor Tique y Yeraldin Enciso, entrevistados por la emisora mencionada, expresaron su angustia por la falta de información y pidieron al Gobierno colombiano que intensifique las gestiones para la liberación de los detenidos. “Nuestros familiares son inocentes, no tienen antecedentes. Solo pedimos que los liberen y que el Gobierno de Colombia siga haciendo gestiones”, solicitó Enciso.
El proceso de liberación de colombianos detenidos en Venezuela sufrió un revés tras declaraciones de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio a Bloomberg sobre posibles escenarios de transición política en Venezuela.
La interpretación de estas declaraciones generó malestar en Caracas y llevó a la suspensión de la liberación de 89 connacionales que estaba prevista para noviembre de 2024.
El 24 de octubre, el régimen venezolano había liberado a 17 colombianos tras meses de negociaciones diplomáticas, pero el avance se detuvo tras el incidente diplomático.
La Cancillería colombiana optó por una postura prudente para evitar que nuevas declaraciones públicas interfieran en los procesos en curso.
Las familias de los detenidos han realizado protestas y bloqueos en la frontera, como el cierre del puente internacional Simón Bolívar, para exigir la liberación de sus seres queridos.
El cónsul de Colombia en Táchira, David Haddad Clavijo, informó que unos 60 colombianos fueron trasladados a centros de reclusión en la frontera para facilitar el contacto con sus familias. Mientras tanto, el Gobierno colombiano insiste en que mantendrá las gestiones diplomáticas y priorizará la protección de los derechos de sus ciudadanos.
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