La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre los ataques armados que desde la madrugada del 16 de diciembre afectan al municipio de Buenos Aires, al norte de Cauca. Según el informe preliminar, hombres armados, presuntamente del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, comenzaron un hostigamiento armado contra la estación de Policía y otras instalaciones civiles, utilizando explosivos y ráfagas de fusil.
Los enfrentamientos, que iniciaron a las 6:00 a. m., se extendió por más de siete horas y afectó no solo a las autoridades, sino a viviendas, vehículos y motocicletas. El asedio dejó al municipio de Buenos Aires bajo fuego cruzado y en una situación de confinamiento para la población civil, que no pudo desplazarse con seguridad durante las hostilidades.
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La Defensoría expresó su preocupación por la grave situación de violencia, al señalar que los atacantes instalaron artefactos explosivos en las vías de acceso al municipio y en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta el riesgo de detonaciones: “Estos actos bélicos han puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil”.
Defensoría del Pueblo insta al Gobierno a proteger a la población civil
La violencia indiscriminada con explosivos en zonas urbanas constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH), al poner deliberadamente en peligro a los civiles. Además, se reportó que los grupos armados estarían forzando a la población a abandonar sus hogares, especialmente a grupos vulnerables como niños, personas mayores y personas con discapacidad, sin permitirles llevar bienes básicos, denunció la entidad.
“La manera indiscriminada en la que este grupo armado está atacando con cargas explosivas podría causar daños graves a la vida y a la integridad física de las personas”, advirtió la Defensoría, que recordó que ya se habían emitido tres alertas tempranas para la región, sin que se adoptaran medidas eficaces para mitigar el riesgo.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a todos los actores armados a cesar las acciones bélicas y a respetar los principios del DIH y los derechos humanos.
“Es perentorio que el Gobierno nacional, departamental y municipal implementen medidas inmediatas de protección y asistencia humanitaria”, solicitó la entidad, al exigir la implementación de corredores humanitarios y evacuaciones seguras.
Además, destacó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal para responder de manera eficaz ante situaciones de emergencia. La entidad que lidera Iris Marín reiteró su compromiso de monitorear la situación y resaltó que la protección de la población civil es una obligación ineludible del Estado.
Por otra parte, está el tema de los impactos directos sobre la población, la Defensoría destacó que este ataque forma parte de un patrón de violencia sistemática en la región, que ya había sido advertido por la entidad a través de ‘Alertas Tempranas’ emitidas en años anteriores.
Asimismo, la entidad destacó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal, con el fin de que se puedan implementar medidas preventivas de protección y respuesta inmediata a situaciones de violencia.
También instó al fortalecimiento de las políticas de protección de los derechos humanos y a la ejecución de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional en los autos 1929 de 2024 y 1418 de 2025, que abordan específicamente la protección de los derechos de los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado.
“La Defensoría hace un llamado urgente, categórico e inaplazable a todos los actores armados a cesar de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, a que se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y a respetar estrictamente el DIH y los DD. HH.”, expresó la entidad en su pronunciamiento.
El ente reiteró su compromiso institucional de seguir ejerciendo su labor de prevención y monitoreo de la situación en Buenos Aires, Cauca, y en otras zonas del país que atraviesan situaciones similares. “La vida, la dignidad y los derechos de las y los habitantes de Buenos Aires no pueden seguir siendo puestos en riesgo. La protección de la población civil es una obligación ineludible del Estado y un mandato imperativo del DIH”, concluyó la Defensoría.
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