La Fiscalía General de la Nación evaluó solicitar una nueva orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder del Frente 36 de las disidencias de las Farc, tras el hallazgo de pruebas que indicarían la continuidad de actividades delictivas durante los acercamientos con el Gobierno.
El análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) permitió abrir seis líneas de investigación, entre ellas, por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, así como por presunta infiltración y filtración de información militar a estructuras ilegales.
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En los últimos días, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que los computadores y otros dispositivos incautados a alias Calarcá contienen “hojas de vida de menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito”, además de documentos que evidenciarían la persistencia de conductas criminales.
Camargo calificó el proceso como una investigación compleja y reconoció que “hubo una pérdida de tiempo sensible en estas investigaciones”, aunque aseguró que esperan presentar resultados en breve.
El material incautado fue sometido a una segunda extracción de información, con el objetivo de validar los hallazgos iniciales y recuperar archivos que podrían haber sido eliminados.
Según explicó la fiscal, se emplean herramientas de software forense avanzadas para fortalecer el panorama probatorio. “Con nuestro software, que es bastante avanzado, buscamos identificar archivos que pudieron haber sido borrados y realizar labores técnicas que fortalezcan la información disponible para llevar a cabo una buena investigación”, afirmó Camargo.
Las inspecciones judiciales recientes, ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, se realizaron en Bogotá en las sedes del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como en la Industria Militar (Indumil) y el Comando de Personal del Ejército (Coper).
Estas diligencias están directamente relacionadas con la información encontrada en los dispositivos del Frente 36 y buscan esclarecer fenómenos de cooptación, tráfico de armas y la posible creación de empresas de vigilancia al servicio de las disidencias.
En el desarrollo de estas investigaciones, se identificaron múltiples líneas que incluyen presuntos actos de cooptación de agentes de inteligencia, infiltración en instituciones del Estado, amenazas a la seguridad nacional, posibles vínculos con financiación de campañas políticas y alianzas criminales.
El análisis técnico y forense del material incautado se convirtió en pieza clave para determinar el alcance de la infiltración y las responsabilidades penales e institucionales.
La Fiscalía informó que aún no ha recibido respuesta del Alto Comisionado para la Paz sobre la posible suspensión de medidas de aseguramiento contra líderes de las disidencias que participaron en las conversaciones con el Gobierno y que están involucrados en el operativo de incautación de 2024.
La evaluación de estas medidas dependerá del avance de las investigaciones y de la determinación sobre si “Calarcá” incurrió en delitos de lesa humanidad mientras participaba en los espacios de diálogo.
En paralelo, la Fiscalía adelanta una recopilación de pruebas documentales y técnicas para corroborar información publicada en reportajes periodísticos, especialmente sobre la presunta creación de empresas de seguridad vinculadas a las disidencias.
En este contexto, la fiscal Camargo manifestó: “Estuvimos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde también se menciona la creación de empresas que serían para las disidencias de alias Calarcá”.
Entre los funcionarios mencionados en las comunicaciones internas detectadas a las disidencias figuran el general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal, y Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que aparecen como presuntos facilitadores de contactos, movilidad y proyectos para crear empresas de seguridad que permitirían a la estructura armada acceder a armas, personal y vehículos blindados.
La fiscal se reunió recientemente con los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para abordar la infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares y organismos del Estado.
A pesar de que hace un año y medio se incautaron teléfonos celulares y computadores de personas cercanas a “Calarcá”, hasta el momento no se tomaron decisiones de fondo.
La Fiscalía, en cooperación con la Dijín de la Policía, continúa revisando los dispositivos incautados a alias Calarcá y a varios de sus hombres de confianza, con el fin de validar los primeros hallazgos y avanzar en las investigaciones.
Camargo reiteró: “Es una investigación compleja en la que espero podamos dar resultados en un breve tiempo, porque sabemos que tenemos compromisos con la ciudadanía y la sociedad, dado que hubo una pérdida de tiempo sensible en estas investigaciones”.
La decisión sobre la solicitud de una nueva orden de captura contra “Calarcá” se encuentra en evaluación por parte de la Fiscalía, el Gobierno, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ejército, en función de la gravedad de los hechos investigados y de los resultados que arroje el análisis forense del material incautado.
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