El furor digital que desató el llamado “excel de infieles” no solo abrió debates sobre ética, privacidad y entretenimiento en redes; también encendió las alarmas de juristas que ven detrás de la viralidad un riesgo que muchos usuarios parecen estar pasando por alto. La advertencia más viral provino de la abogada colombiana que comparte contenido en TikTok bajo la cuenta @laamateur, que decidió intervenir antes de que la tendencia termine con personas enfrentando sanciones que no imaginaron mientras llenaban formularios o reenviaban enlaces.
El fenómeno comenzó a crecer en el país a partir de finales de noviembre, cuando empezó a circular una hoja de cálculo con nombres, descripciones, fotografías y relatos personales que supuestamente buscaban “prevenir” a otras mujeres de caer en relaciones con hombres infieles. La dinámica se alimentó de envíos masivos de capturas y videos, una cadena tan veloz que para algunos resultó divertida y para otros, preocupante. En cuestión de días, las listas pasaron de compartirse de forma privada a convertirse en un archivo comentado en Twitter, TikTok y grupos de WhatsApp.
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Fue entonces cuando la abogada intervino con un mensaje directo dirigido a quienes estaban participando en la creación o distribución del registro. “Si ves una tabla pública que están llenando varias mujeres en las que ponen información personal del hombre que les fue infiel para prevenir que le pase a otras mujeres”, dijo al describir el contenido, y lanzó de inmediato su advertencia: “esto si va de mí para ti, un consejo legal gratis, no lo hagas”. En su crítica también cuestionó la falta de claridad sobre la responsabilidad detrás del documento: “¿Quiénes lo están llenando? ¿Quiénes lo están difundiendo? ¿Quiénes lo están grabando? ¿Quiénes lo que sea?”
La jurista fue especialmente enfática en que el manejo de datos personales sin autorización puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza jurídico. Según expresó, “se van a meter en un problema tan harto. Lo que nace de una buena intención y del chisme y de reírnos termina en unas cosas que uno no se imagina”. Además, alertó que la inclusión de información sensible, como detalles sobre la orientación sexual, aumenta el riesgo y agrava la falta.
Su llamado no se quedó en lo preventivo. La abogada recordó que la difusión de este tipo de bases de datos puede derivar en investigaciones formales por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar el tratamiento de datos personales en el país. “Como si eso no fuera poco y no pudieran empezar una investigación en la SIC contra ti, persona que estás administrando esa base de datos o que la estás llenando, también pueden empezarte un proceso penal porque estás haciendo afirmaciones que pueden dañar la honra de otra persona”, explicó.
Su mensaje concluyó con una advertencia aún más clara: “Mejor dicho, empieza como chistoso y después se vuelve complicado, entonces ojo si la vas a llenar o si la estás administrando, si tú eres la creadora, escribe, escríbeme y te asesoro”.
Mientras esa conversación avanzaba, la cadena digital seguía expandiéndose. La versión más comentada fue un archivo clasificado por departamentos, compartido el 2 de noviembre y retirado horas después; sin embargo, otras listas aparecieron enseguida. Un formulario en Google Forms permitió que cualquier usuario ingresara datos que se volcaban automáticamente a una hoja de cálculo. Aunque ese acceso fue deshabilitado el 3 de diciembre, la información ya cargada continuó multiplicándose en pantallazos.
La legislación colombiana es contundente en este terreno. La Ley 1581 de 2012 establece que divulgar datos personales sin autorización puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión y multas que ascienden a 1.000 salarios mínimos. La norma protege información de identidad, estado civil, domicilio, trayectoria profesional y datos sensibles asociados a salud, ideología, características físicas o vida sexual.
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