El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se perfila en medio de un escenario económico complejo y negociaciones marcadas por las expectativas inflacionarias y las posibilidades reales de las empresas para el siguiente año.
Según el más reciente estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), el 82,2% de las empresas del país proyectan incrementar en promedio un 6,2% los salarios de sus empleados en 2026. Esta información, obtenida tras la consulta a más de 150 compañías de diversos sectores, refleja tanto las proyecciones presupuestales empresariales como la percepción sobre los retos que plantea el entorno macroeconómico actual.
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A pesar de que la mayoría de las empresas prevé aplicar incrementos salariales, un 15,8% aún no ha definido su política al respecto y el 2% restante manifestó que no realizará ningún ajuste en 2026. Según los datos recogidos por Acrip, el principal reto identificado (69%) es mantener la competitividad salarial, mientras que un 36% tiene como desafío igualar los ajustes salariales al nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejando la preocupación por preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación persistente y altos costos empresariales.
El estudio también exploró la relación entre el aumento salarial y el salario mínimo legal vigente (smlv). Solo el 22% de las empresas manifestó que un reto importante es ajustar sus incrementos en línea con el smlv, lo que indica que gran parte de las decisiones obedecen a circunstancias internas, al sector o a la capacidad financiera de cada organización.
El presidente de Acrip, Juan Carlos Ramírez, señaló que estos resultados constituyen una guía fundamental para las actuales negociaciones de salario mínimo, al evidenciar el rango realista de incremento que pueden enfrentar las empresas, situado entre el 6% y el 7%.
La recomendación de la Federación en el contexto de la concertación nacional —donde trabajadores y Gobierno buscan acordar el ajuste— fue clara: “el incremento debe estar en el rango del 6% al 7%, en línea con las proyecciones empresariales, para garantizar la estabilidad financiera y la capacidad de pago del sector productivo.”
Además, Acrip recalcó la importancia de que la determinación se logre por acuerdo entre partes y no vía decreto, como ocurrió en el ciclo anterior, y manifestó su preocupación ante las declaraciones de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo que plantean incrementos superiores al 10%, lo cual, en criterio de la entidad, pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas.
En 2025, el panorama de los salarios mostró que el promedio de incremento en las empresas fue de 7,1%, cifra por debajo del ajuste del smlv (9,54% para el mismo año). Según el informe de Acrip, el 88% de las empresas implementaron aumentos, fundamentados principalmente en el incremento del IPC (45,6%), el ajuste del salario mínimo (15,8%), los resultados financieros (19%), el contexto del mercado salarial (10%) y el desempeño de los equipos de trabajo (9,6%). Por regiones, destacan los incrementos en Valle del Cauca y Cundinamarca (7,2%), seguidos por Antioquia (6,6%) y la Región Caribe (6,5%).
Para 2026, la fórmula tradicional para el ajuste del smlv, que considera la inflación observada y la productividad laboral, toma como punto de partida la inflación anual proyectada para noviembre de 2025, estimada entre 5,4% y 5,5% por Asobancaria y otros gremios financieros. El crecimiento de la productividad total de los factores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), alcanzó 0,91% en el tercer trimestre de 2025.
Aplicando estos datos, el ajuste técnico del salario mínimo se ubicaría entre 6,31% y 6,41% —lo que representaría un salario mínimo entre $1.513.400 y $1.514.800 para 2026, partiendo del valor vigente de $1.423.500 en 2025. Esto sin sumar el auxilio de transporte.
En la coyuntura actual, la preocupación se centra en que un ajuste demasiado alto podría afectar la estabilidad de las empresas, impactar la generación de empleo formal y trasladar presiones inflacionarias adicionales a la economía. Por ello, Acrip exhortó al Gobierno a controlar el aumento de los precios de la canasta básica y otros gastos, para evitar efectos nocivos sobre las finanzas familiares.
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