En medio del debate público sobre la situación de alias Calarcá y la implementación de acuerdos de paz en Caquetá, una controversia surgió por la interacción en redes sociales entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro.
Mientras el mandatario apostó por la reconstrucción ambiental y el involucramiento de excombatientes en actividades productivas, la senadora respondió con un mensaje tajante que puso en primer plano el tema de la justicia y el castigo, dejando en evidencia profundas diferencias en la visión sobre la reconciliación nacional.
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El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta oficial de X que el acuerdo al que aspira en el Caquetá busca “revitalizar la selva amazónica en los llanos del Yarí, manteniendo el progreso campesino”, una meta que, según explicó, involucra directamente a quienes antes participaron en grupos armados.
Petro detalló el alcance del proyecto en cifras: “Para los campesinos van 8.000 hectáreas”, resaltando que espera ver a Calarcá y otros excombatientes cultivando arroz y árboles en vez de portar fusiles, con el mensaje: “Es para ya”.
La reacción de la senadora María Fernanda Cabal no se hizo esperar.
Desde su propio perfil, replicó con palabras directas el planteamiento presidencial y cuestionó el enfoque dialoguista.
“Tan romántico”, ironizó, añadiendo que, a diferencia de Petro, ella optaría por ver a Calarcá “capturado o dado de baja”.
Para la congresista, el eje debe estar en la aplicación estricta de la ley, concluyendo: “A este país lo que le hace falta es justicia y eso impondremos”.
Gobierno investiga presuntos nexos entre altos funcionarios y disidencias de las Farc de Alias Calarcá
La reciente revelación de un informe periodístico que apunta a posibles vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, ha desencadenado una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa.
El titular de la cartera, Pedro Sánchez, ordenó una investigación exhaustiva y subrayó que la colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la comunidad de inteligencia será total para esclarecer los hechos.
Sánchez recalcó que la transparencia y la legitimidad constituyen principios inquebrantables para la seguridad nacional. El informe, elaborado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol tras un año de rastreo y análisis de archivos, expone hallazgos que involucran tanto a jefes de las disidencias como a miembros del Estado.
Entre los elementos más relevantes, se plantea un presunto nexo entre alias Calarcá y el general Juan Miguel Huertas, actual director del Comando de Personal del Ejército, así como con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Los archivos incautados, que suman cerca de un centenar de dispositivos en poder de la Fiscalía, contienen chats, correos electrónicos, fotografías, cartas y reportes que describen encuentros, propuestas y comunicaciones que sugieren contactos de alto nivel.
En el material analizado por Noticias Caracol se incluyen conversaciones entre alias Calarcá e Iván Mordisco, en las que este último hace referencia a supuestas pruebas sobre la financiación de la campaña “Petro presidente” y menciona a la vicepresidenta Francia Márquez.
El informe también detalla reuniones presuntamente sostenidas entre delegados de las disidencias, el general Huertas y Wilmer Mejía, cuyo objetivo habría sido discutir la creación de una empresa de seguridad fachada que facilitaría la movilidad y el acceso a armamento bajo una apariencia legal.
Además, el informe describe supuestos pactos de no agresión en regiones como Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar.
Según el testimonio de un disidente, estos acuerdos buscaban evitar enfrentamientos con el Ejército mediante la entrega de códigos de frecuencias y contactos que permitirían conocer operaciones militares en curso. Ante la gravedad de las denuncias, el ministro Pedro Sánchez manifestó públicamente que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la legalidad.
En sus redes sociales, Sánchez aseguró haber tomado “atenta nota” del informe periodístico y reiteró que el Ministerio de Defensa se rige por la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución.
“No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria”, afirmó Sánchez, añadiendo que cualquier funcionario que se aparte del deber constitucional será investigado y enfrentará todo el peso de la justicia.
El ministro enfatizó que tanto alias Calarcá como alias Iván Mordisco son criminales peligrosos, perseguidos por delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Sánchez aclaró que, aunque la orden de captura contra alias Calarcá se encuentra suspendida en el marco de los espacios de diálogo permitidos por la Ley 2272 o Ley de Paz Total, esta suspensión no constituye un salvoconducto para delinquir.
“La Ley de Paz Total no es un salvoconducto para delinquir”, afirmó el ministro, quien advirtió que si la Fuerza Pública encuentra a alias Calarcá en flagrancia, procederá a su captura sin excepciones. Para Sánchez, este deber constitucional es de cumplimiento obligatorio y no admite interpretaciones alternativas.
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