Durante el proceso de desmovilización del Clan del Golfo se había anunciado un compromiso inédito: la organización armada, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), acordó “respetar los derechos” de los menores y liberar a quienes permanezcan en sus filas, aunque hasta el momento no ha materializado esta promesa.
Este compromiso, que forma parte de los primeros ejes de los diálogos iniciados en Catar el 18 de septiembre entre el Gobierno nacional y el EGC, representa un avance en la agenda de negociación, aunque el acuerdo firmado mantiene una redacción ambigua sobre los plazos y mecanismos de cumplimiento.
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El acta de negociación, a la que tuvo acceso La FM, dedica su tercer párrafo al tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Allí, el EGC reconoce que los derechos de los menores constituyen “el primer piso para la construcción de paz” y se compromete a respetarlos.
Este punto adquiere especial relevancia en el contexto de las cifras publicadas por la Defensoría del Pueblo en enero de 2025, que revelan la magnitud del reclutamiento forzado durante el año anterior.
De acuerdo con el informe, los grupos armados que más recurrieron a esta práctica fueron las disidencias de las Farc, aunque el reporte no especifica cuáles, mientras que el Clan del Golfo ocupó el sexto lugar en la lista.
El reporte de la Defensoría contabilizó 409 menores reclutados en todo el país en 2024, de los cuales siete estuvieron bajo control del Ejército Gaitanista, una organización armada que cuenta con aproximadamente 1.900 integrantes distribuidos en 107 municipios, principalmente en el norte y noroccidente de Colombia.
Como parte del acuerdo, el Clan del Golfo se comprometió a realizar una evaluación interna para identificar cuántos de sus miembros son menores de edad.
El documento firmado por los representantes del Gobierno y del EGC establece: “El grupo hará un nuevo censo al interior de sus integrantes para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos”.
Entre los firmantes figuran Álvaro Jiménez Millán, jefe negociador del Gobierno de Gustavo Petro; Luis Armando Pérez, alias Bruno, jefe político y líder negociador del Clan en Catar; Marlon Cabrera, observador militar; y Camilo Medina, observador policial.
El Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), asumió la responsabilidad de liderar “un plan de articulación para la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros”. El Icbf lanzó el 10 de noviembre una estrategia denominada Primer Piso de la Paz, retomando la expresión utilizada en el acuerdo.
Con base en datos del Icbf, entre 2024 y lo transcurrido de 2025, la entidad atendió a 210 niñas, niños y adolescentes amenazados por reclutamiento y a 332 menores que recibieron amenazas contra su vida por parte de grupos armados. El 63% de las víctimas corresponde a adolescentes de entre 12 y 17 años.
En lo que va de 2025, el Icbf reportó que 328 menores fueron “desvinculados del conflicto armado”. De este grupo, el 82% pertenecía a las disidencias de las Farc —incluidos los siete menores fallecidos en el bombardeo en Guaviare—, el 10% al ELN y el 7% al Clan del Golfo o Ejército Gaitanista.
Dos meses después del acuerdo alcanzado en Catar, el Clan del Golfo aún no ha concluido el censo de sus integrantes. “Están haciéndolo”, indicó a La FM una fuente vinculada al proceso de desmovilización.
El acuerdo también contempló la creación de grupos de trabajo integrados por comunidades, el EGC y autoridades locales y étnicas. Además, estableció que “la seguridad, no estigmatización y la protección de quienes participen en estas instancias será una responsabilidad del Estado, que ha de ser verificada” por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, el Consejo Mundial de Iglesias y la Conferencia Episcopal de Colombia.
Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el apartado sobre los menores en el acuerdo resulta determinante. González advirtió: “Sin un compromiso verificable y con plazos claros, los menores pueden quedar atrapados en un limbo entre la retórica del proceso y la realidad del control armado”.
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