Instituto de Ciencia Política pide frenar proyecto de Jurisdicción Agraria por riesgo a la independencia judicial

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que no apruebe el Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, al considerar que pone en riesgo la independencia judicial, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad privada, especialmente por lo dispuesto en el artículo 9 de la iniciativa.

En un comunicado oficial, el ICP advirtió que el proyecto “restringe o elimina el control judicial automático en varios procesos agrarios, lo que pone en riesgo las garantías procesales, la independencia judicial y la protección del derecho de propiedad privada”.

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La organización señaló que el artículo en cuestión “suprime ese control en casos como la recuperación, reversión o revocatoria de baldíos, la condición resolutoria y la caducidad administrativa, y solo lo mantiene si hay oposición del afectado en los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde de tierras”.

Según el Instituto, este cambio normativo “elimina una garantía esencial del debido proceso que protege a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias” y, además, “no existen fundamentos que justifiquen su eliminación o restricción, pues el Gobierno no ha demostrado que la intervención judicial obstaculice los procesos agrarios”.

“No se corrige la ineficiencia del Estado suprimiendo la justicia”

El documento también subraya que la Corte Constitucional ha reiterado que las decisiones que afecten la propiedad rural deben ser competencia de los jueces y no de autoridades administrativas, por lo que “ignorar este precedente pondría en entredicho la constitucionalidad del proyecto y abriría la puerta a decisiones arbitrarias e irreversibles”.

En el plano económico y social, el ICP advierte que “la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural agravaría los conflictos por la tierra, desincentivaría la inversión en el campo y erosionaría la confianza en el Estado de derecho”.

En esa línea, el Instituto enfatizó que “eliminar el control judicial automático pondría en riesgo el derecho de propiedad privada, las garantías procesales y la seguridad jurídica”, y recordó que “no se corrige la ineficiencia del Estado suprimiendo la justicia, sino fortaleciendo la independencia judicial y los contrapesos que garantizan el Estado de derecho”.

Carlos Augusto Chacón: “Cuando el Ejecutivo asume el papel de juez y parte, se rompe el límite entre la administración y la justicia”

El director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Carlos Augusto Chacón, advirtió en el comunicado que la aprobación del proyecto implicaría una concentración de poder en el Ejecutivo y un debilitamiento de las instituciones judiciales.

“Cuando el Ejecutivo asume el papel de juez y parte, se rompe el límite entre la administración y la justicia, y con ello se debilita la confianza en la institucionalidad. La independencia judicial no es un obstáculo, es la garantía de que el poder se ejerce dentro de la ley”, expresó Chacón.

El director hizo además un llamado directo al Congreso para que, “en ejercicio de su función de control político, rechace la aprobación del Proyecto de Ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria, en especial su artículo 9, y exija rendición de cuentas al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre el cumplimiento del Decreto Ley 902 de 2017 y la gestión de los procesos judiciales agrarios”.

El ICP advierte sobre un patrón de intentos por eliminar la fase judicial

A través de un video difundido en las redes oficiales del Instituto, Chacón reiteró su preocupación por lo que considera una política sostenida del Gobierno para excluir la participación judicial en los procesos agrarios.

“Desde el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, hacemos un llamado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que no apruebe como está planteado el artículo nueve del proyecto de ley de competencias de la jurisdicción agraria, con el cual se eliminaría la fase judicial en los procesos agrarios”, afirmó.

Asimismo, precisó que “con esto se ponen en riesgo las garantías procesales, se vacía de funciones a la rama judicial y se le entregan competencias excesivas a la ANT en estos procesos. Además, se pone en riesgo el derecho de propiedad protegido en el artículo cincuenta y ocho de la Constitución Nacional”.

En su intervención, Chacón agregó que “el Gobierno ha intentado deliberada y sistemáticamente eliminar la fase judicial, primero con el artículo sesenta y uno del Plan Nacional de Desarrollo, luego con la demanda que ha interpuesto el director de la ANT ante la Corte Constitucional y ahora con este proyecto de ley”.

Y concluyó con un mensaje directo a los legisladores: “No pueden privar a los colombianos de las garantías procesales frente a los procesos agrarios. Tienen una responsabilidad con el país. Pregúntele a la ANT cuántas demandas han presentado y se darán cuenta que no existe justificación para eliminar la fase judicial”.