El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, emitió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, que elimina la exigencia de licencia de construcción en los programas oficiales de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y autoconstrucción.
La decisión, bajo el modelo de “autogestión”, ha sido fuertemente cuestionada por la concejal de Bogotá, Sandra Forero, quien advierte sobre riesgos técnicos, legales y sociales asociados a su aplicación, según un comunicado difundido este mes.
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De acuerdo con la concejal capitalina, la falta de licencia en proyectos que movilizan recursos públicos representa un retroceso institucional y genera incertidumbre tanto jurídica como técnica y urbanística.
“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso institucional. No hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística. Es una política que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”, afirmó Forero a través de un comunicado oficial.
Según cifras del Plan Nacional de Desarrollo, la meta gubernamental contempla la realización de 400 mil mejoramientos de vivienda, de los cuales hasta la fecha se han entregado menos de 50 mil.
El monto de cada subsidio puede llegar hasta los $31,3 millones (equivalentes a 22 salarios mínimos mensuales), lo que supone una inversión total de $12,5 billones de pesos sin el respaldo de licencias de construcción, destacó Forero.
Esto es lo que dice el Decreto del Ministerio de Vivienda
El Decreto 1166 de 2025 del Ministerio de Vivienda de Colombia, según el documento oficial, elimina la exigencia de licencia de construcción para intervenciones financiadas con el subsidio familiar de vivienda en las modalidades de mejoramiento, vivienda progresiva o construcción en sitio propio, siempre que se cumplan requisitos técnicos y de seguridad.
Según la nueva normativa, “no se requiere de la obtención de licencia de construcción, siempre y cuando la entidad operadora del subsidio o la entidad territorial garanticen que el diseño de las soluciones de vivienda cumplen con lo dispuesto en la norma colombiana de sismo-resistencia vigente al momento de la asignación del subsidio y los planes de ordenamiento territorial”.
El decreto introduce la Carta de Responsabilidad, que será expedida por profesionales autorizados y certifica el cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas.
Este documento reemplaza formalmente el trámite de licencia y “autoriza al constructor, promotor, gestor o ejecutor del programa o proyecto para adelantar las intervenciones en las viviendas que hayan sido objeto del subsidio familiar de vivienda en las modalidades de mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva o construcción en sitio propio”. Los costos de certificación serán asumidos proporcionalmente por las entidades que otorgan el subsidio.
La normativa excluye de este régimen a las soluciones individuales de vivienda rural y a las viviendas en zonas de riesgo no mitigable o de protección ambiental. Los profesionales que elaboren los planos, memorias y estudios de suelos “se harán responsables de su contenido y estarán sometidos al régimen de responsabilidades establecido para cada profesión o actividad”.
El responsable de la obra deberá instalar una valla visible desde la vía pública, informando sobre el inicio de la intervención y señalando que se realiza bajo este régimen especial.
Por su parte, la concejal Forero informa que según cifras del Plan Nacional de Desarrollo, la meta gubernamental contempla la realización de 400 mil mejoramientos de vivienda, de los cuales hasta la fecha se han entregado menos de 50 mil.
El monto de cada subsidio puede llegar hasta los $31,3 millones (equivalentes a 22 salarios mínimos mensuales), lo que supone una inversión total de $12,5 billones de pesos sin el respaldo de licencias de construcción, destacó Forero.
De hecho, la servidora dijo: “Este decreto desmantela la institucionalidad del sector vivienda. No se garantizan las normas técnicas, y lo más grave: ocurre en plena campaña electoral. Es el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que tiene casi 5 millones de hogares en déficit habitacional".
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