Corte Suprema sí puede investigar al ministro del Interior, Armando Benedetti: estos son los argumentos jurídicos

La intervención de la Corte Suprema de Justicia en la investigación contra Armando Benedetti, actual ministro del Interior de Colombia, causó una fuerte controversia, en especial motivada por el funcionario, que puso en duda el alcance del fuero constitucional y la independencia judicial en el país. El allanamiento judicial hecho en su residencia en Barranquilla, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, agitó aún más el ambiente.

En efecto, la diligencia avalada por la togada, de la Sala de Instrucción y al parecer apartada del resto de la sala, según indicó su presidente, el magistrado César Reyes, causó una fuerte controversia pública; especialmente tras las declaraciones del ministro, que cuestionó la competencia de la Corte y la legalidad del procedimiento y lanzó duros calificativos contra Lombana en declaraciones efectuadas en redes y los medios.

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Sin embargo, pese a lo afirmado por Benedetti, el fundamento legal que otorga a la Corte Suprema la competencia para investigar al ministro se encuentra en el fuero constitucional. Este régimen especial, consagrado en la Constitución Política, establece que los altos funcionarios del Estado, como congresistas y ministros, solo pueden ser investigados y juzgados penalmente por la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 235, numeral 3, de la carta magna respalda esta facultad, que busca garantizar la imparcialidad y la independencia en los procesos contra miembros del poder legislativo y ejecutivo. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema precisó que esta competencia se mantiene incluso si el funcionario deja el cargo, siempre que los hechos investigados estén vinculados a sus funciones desempeñadas durante el periodo en cuestión.

¿Por qué está siendo investigado Armando Benedetti?

Las investigaciones que involucran al hoy jefe de la cartera política están relacionadas al denominado caso Fonade y se centran en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias ocurridos durante su etapa como senador de la República. Aunque Benedetti ocupó posteriormente cargos diplomáticos y ministeriales, la Corte Suprema retomó la competencia sobre los procesos relacionados con su periodo legislativo.

Lo anterior, una vez dejó su puesto como embajador ante la FAO y asumió el Ministerio del Interior. Durante su paso por la diplomacia, la Fiscalía General de la Nación asumió temporalmente algunas investigaciones, pero estas retornaron a la Corte Suprema tras su regreso al gabinete ministerial, como el hombre de confianza del presidente de la República, Gustavo Petro, para el tramo final de su mandato.

El allanamiento judicial efectuado el martes 11 de noviembre en una de las residencias de Benedetti marcó un punto de inflexión. El ministro, visiblemente alterado, expresó en una entrevista radial su desacuerdo con la actuación de la magistrada Lombana, a la que calificó con términos despectivos y acusó de actuar fuera de la ley; lo que causó una fuerte controversia en la manera en que se refirió a la integrante de la Corte.

“Tengo una magistrada, la señora Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”, afirmó Benedetti. Según su versión, la Corte Suprema no tendría competencia para investigarlo por hechos posteriores a su periodo como senador, que finalizó en 2022; no obstante, cabe destacar que los procesos en los que tiene dominio la Corte no están involucrados con ese periodo.

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”, sostuvo el ministro, que también denunció una supuesta persecución personal y familiar por parte de la magistrada, así como la colaboración de esta con autoridades estadounidenses para montar un caso en su contra, lo que alimentó todavía más la controversia.

Benedetti podría ser sancionado por la Procuraduría, según experto jurista

Las declaraciones de Benedetti provocaron un análisis sobre las posibles implicaciones disciplinarias de su conducta. Germán Calderón España, exprocurador delegado ante la Corte, señaló que el ministro podría haber incurrido en varias faltas disciplinarias graves, según el Código General Disciplinario: entre ellas, proferir expresiones injuriosas contra otro servidor público y violar la reserva de la investigación.

A las que se sumarían, además, la de obstaculizar las pesquisas de las autoridades y amenazar o agredir a funcionarios en ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, señaló que, por la gravedad de los hechos, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, debería suspender provisionalmente a Benedetti, y advirtió que la sanción podría llegar a la destitución e inhabilidad por hasta 20 años para el ejercicio de su cargo.

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino también entregó en sus redes sociales su concepto. “Es claro que la Corte suprema puede allanar, es claro que el ministro Benedetti puede ser investigado por esa institución si mantuvo la competencia de cuando fue senador”, adelantó en su análisis del caso; aunque hizo posteriormente importantes consideraciones frente a la determinación de la magistrada Lombana.

“La pregunta es: ¿qué hecho puede motivar un allanamiento en el 2025 por un ‘delito’ cometido cuando fue senador? ¿Cuál es el fundamento? Ahí está el detalle. Y merece explicación. Por otro lado, rechazamos también los insultos de ministro a la H. Magistrada, se le fueron las luces y puede tener sanciones", refirió el letrado, que en la actualidad lleva casos como el de Marelbys Meza y el de Diego Cadena.

El caso ha puesto sobre la mesa el debate de la división de poderes y la necesidad de preservar la independencia judicial frente a presiones políticas y mediática. En específico, la competencia de la Corte Suprema y las reacciones del ministro del Interior darían muestra la importancia de que las instituciones actúen conforme a la ley y los principios constitucionales, en investigaciones de altos funcionarios del Estado.