María Fernanda Cabal se sumó a las críticas contra Petro por su hipótesis de la toma del Palacio de Justicia: “No estaría en la Presidencia”

El 28 de octubre de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro compartió su perspectiva acerca de la muerte del magistrado Manuel Gaona en la toma del Palacio de Justicia.

En sus redes sociales, y en medio del debate generado por la película “Noviembre”, el mandatario detalló aspectos sobre la relación de Gaona con otros funcionarios y su vínculo con sectores políticos, señalando también que otro magistrado, Carlos Horacio Urán, militó en Anapo Socialista, y afirmó haberlo “conocido personalmente”.

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“Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a las de la fuerza pública, en sus cuerpos”, aseveró Gustavo Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado despertaron varias críticas en su contra, entre ellas, la de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Según la senadora, si en Colombia “hubiera habido justicia”, Gustavo Petro no estaría en la Presidencia, “sino en una cárcel”.

“Si en este país hubiera habido justicia, ese personaje no estaría en la Presidencia sino en una cárcel con todos sus camaradas”, afirmó la precandidata presidencial.

En otra publicación, la senadora y precandidata presidencial aseguró que Colombia “no puede olvidar” la supuesta relación entre el M-19 y Pablo Escobar, recordando las declaraciones del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

“El país no puede olvidar que los terroristas del M-19 y Pablo Escobar eran socios. Escobar ponía la plata y el M las acciones como lo afirma el Cnel Plazas Vega”, aseveró Cabal.

María Fernanda Cabal aseguró que el “triunfo de la propaganda de izquierda” llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia y al general (r) Arias Cabrales a la cárcel.

“El triunfo de la propaganda de la izquierda terminó llevando al General Arias Cabrales, héroe del Palacio de Justicia a la cárcel y a Petro, guerrillero del M-19 a la presidencia”, expresó Cabal.

Arias Cabrales, fue condenado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá en 2011 a 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada. Tanto el Tribunal Superior de Bogotá en 2014, como la Corte Suprema de Justicia en 2019, confirmaron la condena.

Arias Cabrales lideró la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia en momentos en que se llevó a cabo el operativo militar de retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985.

El Gobierno nacional retiró las condecoraciones al general (r) Arias Cabrales en enero de 2024.

Detalles del fallo contra la película “Noviembre”

El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá notificó a Burning S.A.S., productora de la película Noviembre, sobre el fallo de una tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz.

La acción fue interpuesta por sus familiares, quienes alegaron que la película, bajo la dirección y guion de Tomás Corredor Pulido, vulneró derechos como el buen nombre, la honra, la dignidad, la intimidad y la memoria histórica.

Según los demandantes, la obra se promocionó como basada en hechos reales sin consultar ni informar previamente a la familia, quienes únicamente recibieron una invitación al estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025.

Además, señalaron el uso del nombre completo del magistrado e identificaron representaciones consideradas distorsionadas, como insinuaciones de cobardía y supuestos vínculos con el grupo armado M-19, aspectos que calificaron como inexactos respecto a los hechos judiciales.

La tutela resaltó un diálogo específico de la película, en el que se sugiere una relación entre Gaona Cruz y el M-19, sin aportar correcciones posteriores, lo que llevó al juzgado a conceder un amparo transitorio.

Las medidas ordenadas obligaron a la productora a incorporar avisos visibles sobre el carácter ficcional de la obra, así como aclaraciones en materiales promocionales y boletos, evitar afirmaciones públicas que la presenten como documental y modificar o suprimir los segmentos considerados calumniosos.

Burning S.A.S., mediante su apoderado judicial, defendió el amparo a la libertad de expresión y creación artística, asegurando que la producción no busca imputar hechos judiciales ni construir biografías verificables, sino retratar hechos de interés público desde el cine de ficción.