A Gustavo Petro le tendrían que pagar su salario en efectivo por estar en la “lista Clinton”: experto explica por qué

El bloqueo internacional que pesa sobre el presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desencadenado una serie de obstáculos financieros que comprometen hasta el pago de su salario presidencial.

Según explicó Luigi Parra, economista consultado por Infobae Colombia, la imposición de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) ha generado un escenario en el que cualquier intento de transferir fondos al mandatario podría acarrear consecuencias graves tanto para la entidad bancaria involucrada como para el sistema financiero colombiano en su conjunto.

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El caso, que fue dado a conocer por Blu Radio, ha provocado que equipos técnicos y jurídicos de la Casa de Nariño y del Ministerio de Hacienda mantengan reuniones desde el viernes 24 de octubre, en busca de una solución legal que permita cumplir con la nómina presidencial.

Una de las alternativas consideradas ha sido canalizar el salario a través del Banco Agrario, entidad estatal, pero esta opción se ha visto restringida debido a la integración del banco en sistemas compensadores internacionales como ACH y Redeban, los cuales dependen de redes estadounidenses.

Parra detalló que el principal riesgo para cualquier banco colombiano, incluidos los de carácter público, reside en la profunda interconexión de las operaciones financieras nacionales con actores globales, especialmente estadounidenses.

“Muchos bancos colombianos cotizan en mercados estadounidenses y, aun aquellos que no lo hacen, mantienen relaciones comerciales indispensables con bancos de ese país. No cumplir las directrices de la Ofac puede llevar a su inclusión en la misma Lista Clinton, como ocurrió con el América de Cali”, afirmó el analista.

La posibilidad de que una entidad estatal sea sancionada internacionalmente representa un riesgo reputacional y operativo de gran alcance.

En este contexto, Parra sostuvo que “ningún banco está dispuesto a realizar una transacción a nombre del presidente mientras se mantenga la sanción, incluso si se trata del Banco Agrario”.

El economista advirtió que, si el Banco Agrario decidiera efectuar el pago, se expondría a que otras instituciones estadounidenses o vinculadas rechacen futuras operaciones, lo que podría afectar directamente su estabilidad y reputación.

“Si un banco en Estados Unidos detecta que el Banco Agrario paga a una persona listada, la alerta es inmediata; no pueden seguir con la relación comercial”, explicó Parra a Infobae Colombia.

Frente a este panorama, la única alternativa que parece viable es el pago en efectivo, una opción que Parra describió como “un reto para el sistema administrativo colombiano, donde la digitalización se impuso hace años en la gestión de nómina”.

Según el experto, esta modalidad implicaría que el presidente reciba los fondos directamente, mediante retiro en ventanilla, evitando el uso de plataformas bancarias digitales que puedan ser rastreadas internacionalmente. El pago en efectivo, aunque técnicamente posible, representa un retroceso en los estándares de modernización administrativa.

Mientras tanto, representantes jurídicos de la Casa de Nariño y funcionarios del Ministerio de Hacienda han citado una sentencia de la Corte Constitucional de 1999 para fundamentar una posible excepción que permita el pago a través del Banco Agrario.

No obstante, Parra advirtió que “la junta directiva de la entidad deberá evaluar si asumir este riesgo es compatible con la sostenibilidad futura del banco y su integración en el sistema financiero internacional”.

La sanción de la Ofac no solo afecta a Gustavo Petro, sino a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, en respuesta a acusaciones sobre presuntos vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico.

Aunque el presidente ha declarado que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos, el bloqueo repercute indirectamente en la banca colombiana, ya que sus plataformas técnicas y redes de pago permanecen sujetas a controles regulatorios de entidades estadounidenses, según remarcó Blu Radio.

“El riesgo para el Banco Agrario sería de tal magnitud que ninguna otra entidad querría entablar operaciones con él si resulta en algún momento incluido en la misma lista de sanciones internacionales; esa marca es muy difícil de eliminar y afecta la operatividad comercial a largo plazo”, concluyó Parra en diálogo con Infobae Colombia.