
Por medio de documentación obtenida, se conoció que el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca (Cecau), habría tenido parte activa en la liberación de un hombre capturado con pasta base de cocaína, y que para esto, habría usado un helicóptero militar para retornarlo a la zona donde había sido detenido.
Las pruebas fueron obtenidas por Semana, e incluyen testimonios formales, imágenes y reportes internos de contrainteligencia, que ya están originando serias investigaciones y cuestionamientos dentro de las Fuerzas Militares.
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De acuerdo con la información que conoció el medio, el caso ocurrió en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, después de que un sujeto fuera capturado en flagrancia por la compañía Centurión con 4,5 kilos de pasta base de coca en la vereda El Diamante.
Un oficial relató en su denuncia que, en su momento, “se informa al comando del batallón y este a su vez informa al comando de la brigada”. La coordinación entre el Ejército y la Fiscalía permitió la extracción aérea del capturado a Popayán, donde iba a ser presentado ante las autoridades judiciales.

El testimonio consignado ante la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico de Popayán narra que, mientras el detenido se encontraba en la base militar, el general Mejía “ordenó mediante llamada telefónica liberar al sujeto”.
La denuncia indicó: “El comando del Cecau coordinó una aeronave con la Davaa (División de Asalto Aéreo) que se encontraba en Cali para reintegrar al sujeto en la vereda El Diamante en las mismas condiciones en las que se capturó, incluso con el material incautado”. Fotografías obtenidas también fueron el soporte para evidenciar el traslado, la captura inicial, el helicóptero utilizado y momentos de la posterior liberación en zona rural.
El caso llegó a conocimiento del alto mando militar y de la Fiscalía. Según Semana, el comandante del Ejército, general Emilio Cardozo, fue informado de la liberación ordenada de manera directa por Mejía el 19 de octubre.
En un informe que obra en poder de las autoridades, Mejía explicó su decisión afirmando que existía el riesgo de una protesta de unas 200 personas contra el Ejército en la región. Según su informe, prefirió no judicializar al capturado “para evitar una asonada”.

Paralelamente, un informe interno de contrainteligencia militar presentado en la llamada misión Delfos 135 advierte sobre actuaciones irregulares de Federico Mejía, desde su etapa como coronel, incluyendo presuntos nexos con estructuras de las disidencias de las Farc y posibles anomalías en permisos de porte de armas.
Este documento señaló que “desde que el coronel Federico Mejía llegó como comandante de la BR22, este solo lanza operaciones contra la estructura primera del grupo armado organizado residual (GAO), mientras que las operaciones sobre la estructura séptima del GAO son nulas”.
Los reportes también mencionan irregularidades en el manejo de recursos naturales y conexiones con un contratista del Guaviare, Ramón Rojas, señalado en investigaciones por daño ambiental y vínculos con alias Gentil Duarte.
Rojas, en declaraciones a la revista, negó tales relaciones y afirmó: “A uno acá lo acusan de mil cosas, a mí me han sacado por muchas cosas. Es un pueblo muy envidioso y la gente se mantiene hablando cosas que no son”.

Este expediente genera dudas también por la expedición de permisos de porte de armas a civiles bajo recomendaciones militares. El informe de Delfos 135 señaló posibles reuniones clandestinas entre oficiales y presuntos narcotraficantes regionales. Además, fuentes señalaron al medio nacional que oficiales del círculo de Mejía habrían facilitado actividades de minería ilegal en Guaviare.
Mientras la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación contra el general Mejía por concierto para delinquir, Semana informó sobre la existencia de imágenes y documentos que probarían patrullajes conjuntos entre uniformados y civiles armados en Ortega, Cauca, bajo órdenes del general.
Interrogado por Semana, Mejía afirmó: “Mi trayectoria operacional se ha caracterizado por acciones ofensivas sostenidas contra estructuras del narcotráfico y las disidencias”. Además, sobre el permiso de armas para Ramón Rojas, explicó que ese proceso corresponde “exclusivamente a la Séptima Brigada, a través del almacén de Indumil, y a la Jefatura de Control y Comercio de Armas”.
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