Christian Quiñónez responde tras investigación de la Procuraduría por detrimento de $44.000 millones en la DIAN

El exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Christian Junot Quiñónez Cortés, se pronunció luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara una investigación disciplinaria contra tres exaltos directivos de la entidad por un presunto detrimento patrimonial superior a los 44.000 millones de pesos.

El caso se relaciona con la omisión en el traslado de un recurso interpuesto por la petrolera Petrobras, lo que habría generado un beneficio para la compañía y un perjuicio para las finanzas públicas.

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En un comunicado público, Quiñónez aclaró que no ha sido notificado de investigación alguna por parte del Ministerio Público ni de otro órgano de control. “A la fecha no he sido notificado de investigación alguna por parte de la Procuraduría o de cualquier otro órgano de control”, expresó.

Además, precisó que, según las fechas mencionadas en el comunicado del ente de control —diciembre de 2022 y febrero de 2023—, él no desempeñaba el cargo de Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación, pues asumió esas funciones en agosto de 2023 y permaneció hasta febrero de 2024.

“De acuerdo con las fechas citadas, no ocupaba el cargo de Subdirector Operativo de Fiscalización y Liquidación, el cual asumí en agosto de 2023 y hasta el 9 de febrero de 2024, y no estaba dentro de mis competencias conocer de las actuaciones subsiguientes o decisorias que dieron lugar al detrimento patrimonial del Estado al que se hace referencia”, indicó el exfuncionario.

La Procuraduría había señalado que los tres investigados —Andrés Fernando Pardo, Christian Junot Quiñónez y Gustavo Adolfo Mosquera— habrían omitido trasladar a la dependencia competente un recurso de reconsideración presentado por Petrobras frente a una liquidación de 47.000 millones de pesos. Esa falta de gestión habría generado un “silencio administrativo positivo”, figura jurídica que implica la aceptación tácita de los reclamos de un contribuyente cuando la autoridad no responde dentro de los plazos establecidos.

De acuerdo con el Ministerio Público, esa situación ocasionó que la empresa obtuviera un beneficio económico considerable y que la DIAN perdiera la posibilidad de recuperar los recursos. La investigación busca determinar si la omisión se debió a negligencia, desconocimiento de los procedimientos internos o fallas estructurales dentro de la entidad.

En su pronunciamiento, Quiñónez defendió su trayectoria en la administración tributaria y destacó los resultados alcanzados durante su gestión. “Mi paso por la DIAN estuvo marcado por una labor profesional, intachable y destacada. Durante más de 12 años acompañé procesos sensibles y de vital importancia para la entidad”, afirmó.

El exfuncionario también recordó que fue reconocido como el mejor directivo de la DIAN en 2023, un mérito que, según explicó, respalda la transparencia y el compromiso con los que ejerció su cargo. “Los resultados de mi gestión me llevaron a recibir el premio al mejor funcionario de nivel directivo del año 2023, de manera que con la certeza de la excelencia de mi trabajo y la entereza moral con la que ejercí mi función, la cual hoy me permite dar mi opinión libre y pública acerca de los asuntos económicos del país, acompañaré los procesos que las autoridades consideren pertinentes en tanto ellas así lo requieran”, señaló.

Fuentes del organismo de control confirmaron que la investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que aún no se han formulado cargos ni se han adoptado medidas disciplinarias. El proceso busca “verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad”, según indicó la Procuraduría en su comunicado oficial.

El ente de control revisará la trazabilidad de los documentos relacionados con el expediente tributario de Petrobras y verificará si existieron comunicaciones internas que advirtieran sobre los plazos del recurso. También evaluará si los funcionarios involucrados tuvieron responsabilidad directa o si la omisión se originó por deficiencias administrativas más amplias dentro de la entidad.

La Procuraduría resaltó que el caso tiene especial relevancia por el monto de dinero involucrado y por el impacto que puede tener sobre la confianza en los procesos de fiscalización tributaria. Si se confirma la responsabilidad de los implicados, podrían imponerse sanciones que incluyen la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, conforme al Código General Disciplinario.

Mientras avanza el proceso, la DIAN no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la investigación. Sin embargo, funcionarios activos señalaron que la entidad ha implementado mecanismos internos para fortalecer el control de los plazos procesales y evitar que se repitan situaciones similares.

Christian Quiñónez reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario y subrayó que mantiene plena confianza en que los hechos serán esclarecidos. “Acompañaré los procesos que las autoridades consideren pertinentes en tanto ellas así lo requieran”, concluyó en su comunicado.