Las autoridades de Buenaventura confirmaron la autenticidad de un video que circula en redes sociales y que muestra a hombres armados enfrentándose a plena luz del día en una calle del sector La Colonia, corregimiento Bajo Calima.
Estos combates corresponden a recientes choques entre guerrilleros del frente de guerra occidental del ELN y miembros de la columna Wilson González del frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.
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El personero municipal, Jefferson Potes, indicó que los combates en la zona rural del distrito “son casi diarios y han provocado una crisis humanitaria sostenida”.
De acuerdo con la información de la Personería y la Defensoría del Pueblo, más de 500 familias permanecen confinadas, enfrentando riesgo de desplazamiento forzado y dificultades extremas para acceder a alimentos y servicios básicos.
“Estas comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad. Falta presencia efectiva de la fuerza pública”, expresó Potes.
La Defensoría del Pueblo detalló que, solo en el último mes, se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados en la zona, lo cual agrava la situación de inseguridad y temor. Uno de los principales riesgos identificados por las entidades es el reclutamiento forzado de menores, que se ha incrementado ante la continuidad de las hostilidades.
Datos oficiales consignados por el medio citado señalaron que 516 familias, 1.419 personas, del Consejo Comunitario de La Colonia siguen confinadas.
En esta población se han denunciado violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, violencia sexual y uso de drones para ataques. Además, la ocupación ilegal de viviendas es un problema persistente documentado por la Defensoría.
El mes de septiembre de 2025 trajo episodios de especial alarma: según los registros, hubo incursiones armadas en instituciones educativas, patrullajes ilegales en zonas habitadas y el lanzamiento de una granada cerca del Sena, que dejó dos mujeres gravemente heridas.
En este contexto, el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, pidió públicamente el fin de la violencia armada.
“Elevamos una voz al cielo para que mueva los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz. Que Dios nos bendiga y que las autoridades cumplan su compromiso de proteger a la comunidad”, dijo.
Ante la situación, la Fuerza Naval del Pacífico afirmó que mantiene operaciones en la región, aunque no reconoció conocimiento directo de los combates más recientes.
En paralelo, la Personería comunicó que los grupos criminales Shottas y Espartanos estarían cumpliendo un acuerdo de cese al fuego en el casco urbano de Buenaventura, aunque las extorsiones y hurtos persisten y ambas bandas continúan en la mesa sociojurídica de paz con el Gobierno Nacional
Alerta en Buenaventura por aumento de secuestros y abusos a menores, la comunidad exige acciones urgentes
La ciudad de Buenaventura atraviesa una profunda preocupación colectiva tras el aumento de denuncias por secuestros y abusos sexuales de menores.
Comunidades y organizaciones sociales señalan la creciente presencia de bandas criminales responsables de estos delitos, especialmente en sectores donde la institucionalidad es débil.
Testimonios revelan que los líderes de estos grupos retienen y agreden a menores en viviendas utilizadas como sitios de cautiverio.
“Que a una niña bajo presión y sin su consentimiento la encierran en cualquier sitio y la tienen allá 435 días. Abusándola sexualmente varios hombres, ni siquiera es uno, son varios hombres porque la vieron bonita”, denunció una concejal local.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que trabaja junto a autoridades y la Policía de Infancia y Adolescencia para proteger a niños y adolescentes, pero los esfuerzos institucionales resultan insuficientes ante la magnitud de la violencia.
La última alerta surgió tras el ataque a una adolescente de 16 años por parte de una banda criminal cuando salía de su colegio el 19 de septiembre de 2025. La comunidad exige respuestas urgentes y efectivas frente al accionar de estas estructuras.
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