Estos son los audios que confirmarían el desfalco en contratos entre bomberos y el Área Metropolitana de Medellín en los que estaría involucrado hermano de Daniel Quintero

La revelación de audios e interceptaciones durante una audiencia judicial en Medellín ha puesto en evidencia el presunto funcionamiento de un esquema de corrupción en la contratación pública entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Las grabaciones, presentadas como pruebas clave, exponen conversaciones en las que se discuten manipulaciones de facturas, pactos de coimas y estrategias para encubrir irregularidades, lo que ha intensificado el escrutinio sobre los implicados y el impacto de estos hechos en la gestión de recursos estatales.

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La audiencia, celebrada el miércoles 8 de octubre y suspendida tras cuatro horas de exposición de pruebas, tenía como objetivo definir la situación jurídica de Misael Cadavid, representante legal de los bomberos; Elkin González, exjefe de la organización; y María Yanet Rúa, profesional del Área Metropolitana.

La juez Séptima Penal de Medellín pospuso la decisión sobre si los detenidos permanecerán en libertad o en prisión preventiva hasta el viernes 10 de octubre, a petición de la defensa, que solicitó tiempo adicional para analizar el voluminoso material probatorio presentado por la fiscalía.

El caso gira en torno a contratos por $17.654 millones celebrados durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, en los que, según la investigación, participaron figuras como Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana.

Villada, imputado por varios delitos relacionados con la administración pública, habría sido el encargado de negociar con Cadavid el pago de coimas que, de acuerdo con la documentación, ascendían a $3.200 millones y se entregaban en efectivo o, en al menos una ocasión, mediante la transferencia de un vehículo de alta gama.

Las grabaciones presentadas en la audiencia ofrecen un panorama detallado del presunto modus operandi. En una de ellas, Yaneth Rúa y miembros de los bomberos discuten la facturación de refrigerios, evidenciando la manipulación de precios: mientras el convenio establecía un valor de $6.000 por refrigerio, se conseguían por $4.000, pero se exigía la factura por el monto superior. En la conversación, Rúa responde con ironía: “Es más, yo no escuché lo que usted acaba de decir”, lo que provoca risas entre los presentes y sugiere conciencia de la irregularidad.

Otra grabación revela cómo se agrupaban productos en paquetes dentro de los convenios para facilitar la presentación de informes y maximizar la rentabilidad.

Un interlocutor explica que, si un souvenir cuesta $50.000 pero se consigue por $45.000, la diferencia de $5.000 representa ganancia para los involucrados. En ese contexto, surge la preocupación por no dejar evidencia digital, con una voz femenina que enfatiza: “La idea es que no quede ni en la nube ni en el audio”.

El expediente también incluye pruebas sobre la alteración de facturas y la utilización de familiares y allegados para justificar gastos. Por ejemplo, se detectaron facturas firmadas por supuestos proveedores de transporte que, al ser consultados, negaron haber prestado el servicio o reconocido las firmas.

En un caso, un funcionario que se encontraba fuera del país figuraba cobrando $27 millones, mientras que las facturas asociadas sumaban $120 millones, lo que implica un sobrecosto de $92 millones. Además, voluntarios con vehículos propios presentaban cuentas infladas por desplazamientos, y parientes de Cadavid, como su tía Olga Jaramillo, emitieron cuentas de cobro por montos elevados sin contar con el registro fiscal necesario para ser proveedor del Estado.

Parte de los recursos desviados, según la investigación, habrían financiado la campaña política de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022. La tía Olga aparece como donante de $25 millones, y el tesorero de los bomberos, Juan Alberto Cardona, además de estar en nómina, firmó un contrato de asesoría financiera por $150,4 millones y aportó $30 millones a la campaña.

Las prácticas irregulares no se limitaron a los contratos con el Área Metropolitana. En otro audio, Cadavid conversa con una contadora sobre un contrato con la Alcaldía de Itagüí para la compra de radios destinados a los bomberos, la Policía y la Defensa Civil. Se menciona la necesidad de legalizar facturas para justificar la adquisición de los equipos, y la contadora solicita la documentación necesaria para formalizar el gasto.

Las interceptaciones también muestran la preocupación de los implicados ante la inminencia de acciones judiciales. En una conversación entre el tesorero Cardona y una mujer identificada como Claudia, se discute el manejo del software contable y la posibilidad de “maquillar” información si las autoridades no solicitan ciertos documentos.

Cardona sugiere que, de ser necesario, podrían alterar datos, y recomienda que la contadora sea quien explique el funcionamiento del sistema ante los investigadores.

El expediente judicial recoge además testimonios de proveedores que relatan cómo, ante el avance de la investigación, los directivos de los bomberos convocaron a cerca de 15 contratistas para ofrecerles asesoría legal y coordinar sus declaraciones ante la fiscalía. Este intento de alinear versiones se sumó a los argumentos del fiscal para solicitar la prisión preventiva de los tres principales implicados, al considerar que podrían influir en la manipulación de documentos o en la continuación de las conductas investigadas.

A pesar de la gravedad de las pruebas y de la exposición detallada del presunto esquema de corrupción, la decisión sobre la situación jurídica de los acusados quedó en suspenso, mientras la Fiscalía subrayó la continuidad y magnitud de las operaciones irregulares, señalando que los implicados persistieron en sus prácticas a pesar de conocer su carácter ilícito y de manejar contratos por sumas millonarias.