El conflicto armado en Sudán ha puesto nuevamente en el centro del debate internacional la persistente participación de mercenarios colombianos en la región, pese a los compromisos asumidos por el presidente Gustavo Petro para erradicar esta práctica.
Según informes presentados ante el Consejo de Seguridad de la ONU y medios locales, los combatientes colombianos habrían sido responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario, incluidas ejecuciones sumarias, uso de armas prohibidas y entrenamiento de menores.
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En redes sociales y medios independientes de Sudán circularon recientemente —el 6 de octubre— fotografías y videos que muestran a presuntos colombianos abordando aviones rumbo al país africano, lo que refuerza las denuncias sobre la continuidad del flujo de combatientes pese a las promesas del Gobierno colombiano.
En una de las grabaciones, difundida por portales locales y analistas de conflictos, se observa a un hombre con supuesta apariencia colombiana patrullando a bordo de un vehículo militar en lo que sería la más reciente ofensiva en el oeste de Sudán, presuntamente junto a miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
En redes sociales también circulan mensajes de fuerte crítica hacia el Gobierno colombiano.
Uno de ellos, ampliamente compartido en plataformas sudanesas y árabes, afirma: “¡Soldados colombianos masacrando civiles inocentes en Sudán, mientras el presidente colombiano llama a formar un ejército para liberar a los palestinos! Qué monstruo hipócrita”.
Este tipo de publicaciones refleja el creciente malestar en sectores internacionales por la aparente contradicción entre el discurso de paz del presidente Gustavo Petro y las denuncias sobre la participación de ciudadanos colombianos en conflictos extranjeros.
De acuerdo con el delegado sudanés Al Harith Idriss Al Harith Mohamed, “la embestida de estos mercenarios ha dado lugar a atroces violaciones del derecho internacional humanitario”, una declaración atribuida al informe presentado el 5 de septiembre de 2025 ante las Naciones Unidas.
El documento responsabiliza a los exmilitares colombianos por 73 muertes civiles entre el 22 de enero y el 11 de febrero de este año, muchas de ellas resultado de ataques con drones suicidas, enfrentamientos y disparos de francotiradores.
Las autoridades sudanesas señalan que el reclutamiento de colombianos forma parte de una red internacional que opera en tres continentes. El primer contingente habría llegado en noviembre de 2024, conformado por 172 hombres, y hoy se estima que el número asciende a 380.
La mayoría de ellos integran el batallón denominado “Soldados del Desierto”, que combate junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar enfrentado al Gobierno sudanés.
El proceso de contratación tendría su origen en Colombia, a través de la empresa A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvaro Quijano, quien serviría como enlace con la compañía Global Security Service Group (GSSG), con sede en Dubái.
Los exmilitares firmarían contratos bajo la promesa de realizar labores de seguridad, pero según testimonios citados por medios nacionales e internacionales, al llegar a Emiratos Árabes Unidos son enviados por la fuerza a Sudán para unirse al conflicto armado.
El traslado se realizaría por dos rutas principales: una vía Bosaso (Somalia), cruzando posteriormente por Etiopía o Eritrea, y otra desde Bengasi (Libia), atravesando el desierto del Sáhara hasta Chad. En las últimas semanas, se habría documentado el transporte de nuevos grupos desde Bosaso hacia Kufra (Libia), desde donde son trasladados por tierra a territorio sudanés.
Bosaso, según los reportes, se ha convertido en un punto estratégico para el abastecimiento de las FAR mediante vuelos hacia Kufra. Las autoridades sudanesas han atribuido el financiamiento de estas operaciones a Emiratos Árabes Unidos, aunque el gobierno emiratí ha rechazado categóricamente cualquier implicación.
“Esas acusaciones infundadas son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en una campaña de desinformación”, afirmaron portavoces de Emiratos a la agencia AFP.
El asedio a la ciudad de Al-Fasher, capital de Darfur Norte y último bastión del Ejército sudanés en el oeste del país, ha sido uno de los episodios más críticos del conflicto. Desde abril de 2024, las FAR mantienen bloqueada la ciudad, impidiendo la entrada y salida de civiles, lo que ha provocado una crisis humanitaria de gran escala.
El primer ministro sudanés, Kamil Idris, ha hecho reiterados llamados a Colombia para detener el envío de combatientes. “No permitan que jóvenes colombianos sean usados como mercenarios en Darfur. Detengan este crimen antes de que cueste más vidas”, declaró en un mensaje.
Ante la creciente presión internacional, el presidente Gustavo Petro reiteró en la red social X su rechazo al mercenarismo: “Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas.”
El mandatario, quien ya había anunciado en agosto de 2025 su intención de abolir esta práctica, impulsa actualmente un proyecto de ley para prohibir la actividad mercenaria en el país.
La iniciativa contempla sanciones para quienes recluten, financien o entrenen mercenarios, además de programas de reintegración y apoyo económico para veteranos de las Fuerzas Armadas.
El proyecto también busca la adhesión de Colombia a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989, un paso que Colombia aún no ha formalizado.
Mientras tanto, el conflicto en Sudán continúa dejando cifras alarmantes: más de 20.000 muertes y 10 millones de desplazados, según datos de Naciones Unidas.
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